El primer año de la gestión Milei al frente de las políticas de salud fue convulsionado, con una batería de anuncios en casi todos los frentes posibles y un desafío mayor para 2025: definir qué modelo de sistema sanitario busca darle al país el gobierno libertario. En lo inmediato, le tocará atravesar esta temporada de dengue, una prueba de fuego para la organización de ese sistema que complicó a las últimas gestiones con epidemias cada vez más fuertes y que, ahora, la Nación trasladó a las jurisdicciones en lo que definieron a este medio como “la primera experiencia en un país federal, con un plan nacional coordinado con planes provinciales”.

El Ministerio de Salud de la Nación no solo pasó por un recambio súbito de responsable en septiembre, con la renuncia en cascada de casi todo el gabinete para arrancar de nuevo con un equipo mínimo en la segunda línea, que se fue ampliando según necesidades y que, en instituciones y organismos dependientes, todavía se sigue modificando.

Tras los días interminables de diciembre de 2023 para definir dónde quedaría la cartera en el organigrama del Estado por la crisis de un sistema con recurso humano debilitado como nunca antes y problemas de insumos y equipamiento por el cierre de importaciones y la inflación, la salud fue parte del debate público por artículos del DNU 70 y la Ley Bases: la prescripción por nombre genérico, la implementación de la receta electrónica/digital, los cambios a la ley de los 1000 días para el cuidado en el embarazo y los primeros años de vida, la libre elección de cobertura y la actualización de la ley de salud mental –que finalmente no prosperó–, entre otros.

Desde entonces, el Gobierno avanzó con la implementación de la receta electrónica, un listado de medicamentos que pasaron a ser de venta libre, la reorganización del circuito de cobertura de tratamientos de alto costo, la intervención o baja de obras sociales y prepagas fuera de regla y auditorías en el PAMI, la Administración Nacional de Discapacidad (Andis) y la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). “Lo que encontramos no es un sistema de salud ordenado”, definió hace apenas tres meses Mario Russo, primer ministro de Salud del gabinete de Milei, en un foro organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham) que reúne al sector público y privado. Ineficiencia e inequidad fueron las palabras más pronunciadas también por ministros provinciales.

En estos 12 meses, el ministerio abrió vías de diálogo con asociaciones profesionales, encargó análisis de sistemas de salud de otros países, ratificó la decisión de ceder la administración de la mayoría de los hospitales nacionales y “reordenó” –por el verbo que más suelen utilizar– el funcionamiento del Programa Nacional de Cannabis y la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse). Alentó a las provincias con asistencia técnica para reducir costos en la compra de medicamentos para hospitales y centros de salud locales.

“Así funciona la libertad económica que impulsamos en el sector de la salud: ¡los medicamentos de venta libre están bajando de precio! Las promociones de diferentes farmacias lo muestran claramente, por el mismo precio que hace un mes comprabas 1 caja, hoy te llevás 2 o incluso en algunos el descuento es del 50%”, tuiteó, anteayer, el ministro Mario Lugones con fotos de góndolas.

A la par, el gobierno libertario erró en la estrategia de comunicación durante la epidemia de dengue del verano pasado o al modificar la cobertura de prestaciones y medicamentos en los planes cerrados de las prepagas al punto de tener que salir a aclarar que la Resolución 3934/2024 no afectaba a “la gran mayoría de los argentinos”, solo por citar algunos ejemplos. Por las quejas, el PAMI tuvo que simplificar el trámite online para que los beneficiarios que no pueden pagar los medicamentos soliciten el subsidio social para una cobertura al 100%, mientras avanza una reforma interna en dos etapas y relevan irregularidades en el sistema de prestaciones.

Fuera del ministerio, las opiniones sobre el rumbo de la gestión en Salud y las medidas adoptadas en este primer año son dispares. Pero en todas está la misma incógnita: a qué modelo de sistema apuntan las medidas oficiales. El precio de los medicamentos, las brechas en las prestaciones y el acceso a los servicios de salud entre las provincias o la formación de los profesionales también surgen entre los problemas que demandan atención urgente en 2025 en un área de gestión riesgosamente sensible a conflictos de interés y la presión de los sectores afines.

Un análisis de tres medidas oficiales con impacto en la salud que está cerrando uno de los equipos del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), institución afiliada a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), considera la implementación de la receta electrónica “un avance significativo hacia la modernización y eficiencia del sistema de salud”, tras otros intentos fallidos.

En un anticipo al que accedió LA NACIÓN del informe del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (Ciips) del IECS se señala que falta información sobre cómo se implementará la venta libre de medicamentos “de manera uniforme” en el país (es decir, cuán compatible es el decreto 1024/2024 con las normas provinciales), mientras que su impacto “podría ser limitado” en el mercado local, “donde predominan los «genéricos de marca»” con valores entre cuatro y cinco veces más altos que en otros países, según amplió Adolfo Rubinstein, exministro de Salud y director del Ciips.

“En el caso de esas drogas –agregó–, que se venden sin receta médica, los pacientes con cobertura ahora tienen que abonar el 100% del precio de venta al público porque perdieron los descuentos de los financiadores. Y si los precios en la Argentina son mucho más altos que en otros países con mercados de genéricos bien desarrollados, esta medida podría no tener el efecto esperado, que es equilibrar el acceso y la seguridad en la dispensa.”

La tercera medida que evaluaron es la libre elección de la obra social o la prepaga. “Si bien es un avance, puede alterar la equidad y la sustentabilidad del sistema”, dijo Rubinstein. Mencionó el riesgo de que aumente el “efecto descreme”, que es cuando los afiliados de altos ingresos y más sanos buscan planes más atractivos, como ofrecen las prepagas.

Esa migración, para el director del Ciips, puede “erosionar el principio de financiamiento solidario” por el que afiliados con más problemas de salud o menos recursos acceden a los servicios que necesitan o hacer que las obras sociales “pierdan contribuciones para garantizar la canasta básica de prestaciones” que toda cobertura está obligada a brindar. “Esto, con dos terceras partes de las obras sociales en el mercado que son inviables tanto en lo financiero como en lo sanitario. Es, sin duda, una medida razonable, que sin duda le quita poder a los sindicatos. Pero hay que ver el marco regulatorio y monitorear el efecto descreme”, dijo Rubinstein.

Rubén Torres fue superintendente de Servicios de Salud y es presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (Ipegsa), donde también dirige el área de Políticas Sanitarias y Salud Pública. Ante la consulta, destacó “el acierto” del Gobierno en la modificación del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) para que el 3% de lo que el Estado recauda todos los meses por aportes y contribuciones se distribuya entre las obras sociales de acuerdo con la cantidad de afiliados (antes, recibía lo mismo una obra social con 5000 afiliados que otra con el doble o más). A la vez, Torres dijo percibir “una ausencia de rumbo general” en salud.

“La mayoría de las medidas apuntan a la libertad de elección y a la desregulación. Ninguna de ellas forma parte de los objetivos de un sistema de salud, ni de las funciones esenciales de la salud pública –amplió–. Además, podrían impactar sobre un 10% de la población, pues el resto (y en especial los más pobres), no tienen ninguna alternativa de elección”. Torres opinó que ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora “se traduce en beneficios efectivos sobre el conjunto de la población, ni reduce el principal problema del sistema: la inequidad”. Y planteó: “¿Hacia dónde vamos?”

Adolfo Sánchez de León, médico especialista en salud pública y presidente del Grupo PAIS (Pacto Argentino por la Inclusión en Salud), resumió en tres características la gestión libertaria el primer año: mayor concentración de poder en el Ministerio de Salud debido a “un claro alineamiento político” del PAMI y la SSS, mayor coherencia entre las políticas generales del Gobierno y las aplicadas por Salud, y descentralización de las políticas públicas.

Entre lo que “requerirá definiciones” en 2025 mencionó qué hacer con el PAMI. “Al menos dos podrían ser los caminos coherentes con las políticas planteadas –analizó–. El primero sería que el jubilado permanezca en su obra social de origen e ir achicando la masa de afiliados hasta dejar un PAMI residual. “Ese afiliado pasaría a un agente del Seguro de Salud regulado por la SSS y podría elegir su propia obra social o prepaga”, explicó. El segundo camino sería descentralizar la atención a las provincias, lo que impulsaría la formación de seguros provinciales de salud. “Tal es la importancia del PAMI que cualquier decisión que se tome modificará el sistema de salud en su conjunto”, refirió.

Otras definiciones pendientes en su balance serían reformar el Programa Médico Obligatorio (PMO) –canasta básica de prestaciones que deben garantizar las coberturas– “para darle sustentabilidad al sistema”; reducir de la cantidad de obras sociales y prepagas, “lo que ya comenzó en forma silenciosa, pero constante”, y crear un “verdadero” mercado de genéricos, “que compitan por precio, no por marcas”. Para afrontar el avance de los medicamentos de alto precio, opinó que el país necesita una Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias “con capacidad de rectoría” y un seguro de enfermedades catastróficas (el acceso a sus tratamientos sigue siendo el principal motivo de judicialización de la salud).

Para Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados de la Nación, marcó que, en estos 12 meses, “el acceso a los medicamentos y el derecho a la salud fueron vulnerados” al citar el aumento de precio de los medicamentos, la pérdida de cobertura en los que pasaron a venta libre y los cambios en los porcentajes de cobertura del PAMI. A través de un texto que el legislador por Tucumán de Unión por la Patria compartió con LA NACIÓN, señaló también la disminución en la entrega de medicamentos e insumos a través de distintos programas ministeriales y se preguntó en qué quedó el sistema de vouchers, una promesa de la plataforma electoral libertaria.

“Las vacunas este año han sido también un ejemplo de mala política, luego de terminar de incorporar la vacuna contra el virus sincicial respiratorio para las embarazadas, que había quedado pendiente de la gestión anterior, y que han mostrado una efectividad interesante, decidieron no incorporar vacunas a calendario. Ni siquiera las claramente propuestas por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), entre ellas la vacuna contra el dengue”, planteó Yedlín en su balance de la gestión Milei. “No hay campañas nacionales ”, lanzó. Solo en los últimos cuatro años, se perdieron US$30 millones en vacunas que se vencieron, como viene dando cuenta este medio.

Finalmente, el legislador apuntó al “desfinanciamiento del sistema público”, en el que observa una “pérdida de recursos humanos especializados en los hospitales nacionales, como el Garrahan, el Posadas o el Bonaparte, con la idea de cerrarlos o transferirlos a las provincias, sin presupuesto. “Sería interesante que pudieran garantizar con ese sistema que un paciente con un tromboembolismo pulmonar en La Quiaca tenga al menos la mínima posibilidad de recibir el mismo tratamiento que en la Ciudad de Buenos Aires con una prepaga”, consideró en su análisis.

En un repaso del estado de situación de los recursos humanos en salud y su formación, Marcelo García Dieguez, profesor asociado de Clínica y Análisis Epidemiológico de los Determinantes de Salud del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, describió “un año complejo” para la educación superior en lo presupuestario.

Aun así, dijo que eso “no cambió demasiado” los datos más duros: las tasas de graduación en las universidades públicas “siguen siendo bajas” y no todos los egresados, en especial de Medicina, optan por la residencia. Destacó sí como “una buena noticia” que el ministerio mantuviera el Exámen Único con el que, cada año, se cubre gran parte de los cupos en el país para las residencias en medicina, enfermería y bioquímica, como dio cuenta LA NACIÓN.

“Es una de las políticas públicas que logró sostenerse a lo largo de distintos gobiernos y gestiones”, resaltó García Dieguez, exdirector de Talento Humano de la cartera sanitaria nacional. “Esto le da salud al sistema, aunque hay que trabajar para mejorarlo: seguimos con el mismo esquema del Examen Único de 2019 y es una herramienta para potenciar –afirmó–. Los cambios permanentes de funcionarios no ayudaron a establecer nuevas políticas y el sistema de residencias sigue exactamente igual, con la madurez de muchos años, pero con las dificultades de un país donde no es obligatorio y cada vez lo eligen menos jóvenes porque la expectativa salarial es muy baja y la carga asistencial es muy alta, sobre todo en el sistema público.”

Recordó que hubo varios intentos por asegurar la calidad de esa formación de posgrado, sin éxito. “Buena parte de los problemas del capital humano, más en el sector público, tienen que ver con la falta de articulación de la Nación con las provincias y entre las provincias y los municipios –agregó–. Esto hace que siga golpeado por el multiempleo para alcanzar un ingreso razonable en la gran mayoría de las especialidades, sobre todo las del primer nivel de atención.”

Evaluó que las medidas relacionadas con las prepagas y las obras sociales no tiene demasiado impacto en el recurso humano. “La falta de estructura del sistema de salud -dijo- pega fuerte en los profesionales, que van saltando por distintos lugares y empleadores, lo que hace frágil al sistema.”

En síntesis, para él “no hubo en 2024 grandes cambios” con respecto del diagnóstico de situación de hace un año. “Hay medidas positivas, como es la receta electrónica, pero hace falta revisar el sistema de obras sociales, trabajar la integración del sistema público y pensar que la residencia es un momento clave para formar a los profesionales que necesitamos –enumeró–. Mientras no siga siendo obligatoria vamos a tener más fuga de graduados, cada vez con más postulantes extranjeros, cuyo destino al finalizar desconocemos.”

Hacia adelante, Rubinstein señaló la necesidad de garantizar un presupuesto para salud pública orientado a reducir las brechas sanitarias que se agravaron después de la pandemia y aún continúan. “La pobreza y la indigencia en el país impactan en la salud pública y, eso, sumado a lo que se dejó de hacer en pandemia, cuyas consecuencias vemos ahora –dijo–. Hay que parar con la reducción de recursos. En salud, mejor usar el bisturí y no la motosierra.”