El Gobierno mantuvo a lo largo de todo el día distintas reuniones con eje en el fallo de la justicia estadounidense sobre YPF y la estrategia que se desarrollará a partir de ahora.

En la Casa Rosada, donde se desarrollaron al menos dos de esos encuentros por el tema, ratificaban la decisión de apelar el fallo de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, que anticipó este lunes el propio presidente, Javier Milei.

Preska ordenó este lunes a la Argentina que entregue en 14 días el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes del juicio por la expropiación de la petrolera. Se trataría de una forma de pago por la sentencia en contra del país en primera instancia, de US$16.100 millones más intereses, que se determinó en 2023.

Consultados por este diario por los argumentos que se utilizarán para buscar rebatir la decisión, fuentes del palacio de gobierno aseguraron que estaban siendo estudiados en estos momentos.

Por lo pronto, en el corazón libertario, consideran el fallo de Preska como de “imposible cumplimiento”. Lo consideran así por distintas razones, entre ellas por un tema jurisdiccional y porque, en el país, cualquier decisión vinculada a la expropiación de la petrolera deberá pasar por el Congreso de la Nación y obtener dos tercios de los votos.

Respecto del primero de los puntos, las acciones de YPF del Estado argentino están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, por lo que la justicia estadounidense no podría concretar la quita. El otro punto que jugaría a favor de Argentina es el que establece que la ley que permitió la expropiación de la petrolera prohíbe que se transfieran las acciones sin la previa aprobación del Congreso.

En la sede de Gobierno también negaban que hubiera contactos con los bonistas, en tanto estos aseguran que sí los hay.

A nivel técnico en el país, el caso es llevado por Juan Ignacio Stampalija, segundo de Santiago Castro Videla en la Procuración Tesoro Nacional (PTN). Castro Videla, que asumió a comienzos de este año la jefatura de abogados del Estado en reemplazo de Rodolfo Barra, está excusado para participar en el caso porque su exsocio, Alberto Bianchi, fue testigo a favor de Burford y en contra del Estado argentino en este litigio.

Stampalija tiene un plus que por estas horas resaltaban en el Gobierno: es orientador en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales. Abogado por la Universidad Austral, Stampalija tiene un Magíster en Derecho por la Universidad de Hong Kong y otro en estudios legales internacionales por la de Nueva York.

En tanto que en los tribunales de Nueva York seguirá interviniendo el estudio el buffet Sullivan & Cromwell LLP, que viene llevando la representación del país desde que comenzó el conflicto.

En línea con el descargo que ayer hizo Milei en redes, en los que apuntó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ministro de Economía de Cristina Kirchner, al momento de la expropiación de la compañía, en Casa Rosada se lamentaban hoy por el “impacto negativo” y la “falta de credibilidad que genera lo que pasó”. En ese sentido agregaban: “Es parte de la herencia recibida”, decían.

“Es un peso más para los esfuerzos que tiene que hacer el país. Un elemento más de la herencia recibida”, dijo una de las fuentes consultadas.

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