CÓRDOBA.- “Era consciente del peligro que creaba al dejar a los dogos sin medidas de seguridad”. Esa frase es uno de los ejes de la fundamentación de la condena a ochos años de prisión efectiva contra José Nieto, dueño de los perros que atacaron y mataron a la adolescente Trinidad Ballesteros en julio de 2023. La sentencia fue dictada a mediados del mes pasado por la Cámara Primera del Crimen de la capital cordobesa, que dispuso la detención del hombre.

Hoy, la Cámara 1° en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba publicó los fundamentos de la condena por la que declaró a Nieto autor de homicidio simple y lesiones leves, ambos cometidos con dolo eventual.

El hecho ocurrió en aquella fecha, cuando dos dogos propiedad del acusado se escaparon de su casa –ubicada en barrio Estación Flores– por el portón y atacaron ferozmente a Ballesteros, de 15 años, provocándole la muerte; además, lesionaron a un vecino que intentó auxiliarla.

Los camaristas José Pueyrredón (autor del voto), Mario Capdevila y Gustavo Ispani puntualizaron que el acusado “llevó adelante conductas intolerables”, puesto que “no tomó los recaudos, ni tuvo los cuidados necesarios” para cumplir con las condiciones de tenencia domiciliaria responsable de perros potencialmente peligrosos.

El fallo puntualiza que Nieto se fue de viaje y dejó el portón sin las medidas seguridad correspondientes, lo que posibilitó que sus animales se escaparan hacia la vía pública con el consecuente desenlace fatal y lesivo.

El tribunal descartó que el acusado haya obrado con “imprudencia consciente”. La sentencia remarca que, en este caso, “existió una representación del evento posible”, puesto que conocía de la peligrosidad de sus perros.

En ese sentido, el fallo señala que los perros ya habían atacado anteriormente a personas y animales y que Nieto ya había recibido una condena contravencional por estos incidentes.

“La muerte de la víctima o que los canes causen lesiones no resultaba puramente casual, sino un efecto objetivamente probable y previsible”, sintetiza la sentencia. Nieto no había colocado una señal de advertencia de la presencia de perros potencialmente peligrosos ni se aseguró de que la puerta pudiera resistir cualquier intento de apertura por los animales.

“Debo concluir que Nieto obró con dolo eventual respecto del resultado muerte y lesiones, toda vez que al tener en su poder un elemento peligroso -perros raza dogo-, debió evitar que aquel produzca lesiones a los bienes jurídicos que tutela el ordenamiento jurídico, posicionándose como garante con el deber de controlar la fuente de peligro”, explicó en su voto de camarista Pueyrredón.

Para el tribunal, no quedaron dudas de que el acusado “menospreció la concreta posibilidad de que con su conducta pudiera afectar la vida y la salud de las personas”, particularmente de sus vecinos cercanos.

En tal sentido, se indica que Nieto no adoptó ninguna medida tendiente a evitar la reiteración de hechos protagonizados por los perros raza dogo que tenía a su cuidado y en su vivienda, y así demostró “una total indiferencia para evitar la repetición de ataques de los canes”.

“Ha quedado claro que como directa consecuencia de la situación de peligro reseñada se produjo la muerte de la menor Trinidad Ballesteros y la lesión del damnificado Juan Marcelo Cocconi”, concluye.

Después de que saliera la condena a Nieto el mes pasado, se registraron dos nuevas muertes de niños atacados por perros en Córdoba. Una es la de una niña de 2 años en barrio Cabildo atacada por dogos pertenecientes a un familiar; otra, la de Owen González, de 2 años, que falleció tras ser agredido por un pitbull.

Antes, en agosto, perdió la vida Salvador, un niño de 3 años, en el barrio Villa La Lonja atacado también por un pitbull.

En ese contexto, diputados nacionales impulsaron un proyecto de ley que apunta a cambiar de manera sustancial las reglas para la tenencia de perros potencialmente peligrosos en la Argentina. Proponen incorporar figuras específicas para castigar a los responsables cuando un ataque provoque lesiones o la muerte de una persona y también cuando la conducta del dueño genere una situación de peligro aun sin que haya una víctima.

La iniciativa incorpora un régimen especial complementario del Código Penal. El homicidio culposo provocado por el ataque de un perro potencialmente peligroso establece una pena de tres a ocho años de prisión y una inhabilitación de cinco a diez años para tener este tipo de animales.

La escala sube de cuatro a ocho años si, por ejemplo, el perro circulaba sin bozal o sin los elementos de sujeción obligatorios, no tenía el seguro exigido, contaba con antecedentes formales de agresión o la víctima era menor de 14 años, mayor de 70 o una persona con discapacidad física o motriz.

Para las lesiones graves previstas por los artículos 90 y 91 del Código Penal, la iniciativa plantea penas de uno a cuatro años de prisión, que subirían a entre dos y cinco años cuando se presentasen las mismas circunstancias agravantes.