El Gobierno anunció este miércoles la puesta en marcha de un plan para modernizar el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el organismo estatal dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada. La medida llega luego de que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) convocara a una subasta por el edificio de la dependencia, ubicado en Cerviño 3101, que derivó en una denuncia a dos funcionarios.

“Es un organismo fundamental para el desarrollo del campo argentino, cuyos objetivos fueron lamentablemente desvirtuados por la gestión anterior. Desde 2007 el INTA se enfocó en temas que nada tenían que ver con lo agrícola, como las cuestiones de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar”, marcó el portavoz de Javier Milei. En este marco, el portavoz insistió en que la mitad de la planta ingresó durante los dos mandatos de la expresidenta Cristina Kirchner. En tanto que -según el Gobierno- el 90% del los US$250 millones anuales de presupuesto se destina a sueldos.

“Hoy la participación privada en las investigaciones es inferior al 10% y el objetivo es que aumente al 30% para 2027. El plan de modernización incluye la venta de edificios y tierras subutilizadas como el inmueble en Cerviño; este edificio está valuado en US$6 millones como precio base, cuenta con más de 3100 metros cuadrados de superficie cubierta para apenas 140 empleados. Además del malgasto de recursos, la propiedad presenta grandes irregularidades, como la construcción de una estructura por fuera de la disposición original”, enumeró el funcionario de la administración libertaria, en línea con los ajustes de presupuestos destinados a distintos organismos estatales y el recorte de empleados.

Por otro lado, Adorni insistió en que el dinero por la venta del inmueble se destinará al propio organismo para “financiar investigaciones”. “De las 116.000 hectáreas que tiene el INTA entre todos sus predios y propiedades, solo 45.000 se usan para experimentación con fines comerciales y productivos. También se van a dar de baja los 227 ingresos que se hicieron el año pasado y que deberían haberse suspendido en enero, y se va a poner a disposición el predio del ente estatal en Cerrillos, Salta”, siguió el vocero sobre el plan a seguir, que deberá votarse este jueves por el Consejo Directivo del INTA.

“Ojalá los directivos opten por aprobar estas medidas que van a brindar más recursos al organismo público para mejorar su equipamiento, modernizarlo y potenciar sus investigaciones. Confiamos en que efectivamente su Consejo Directivo está a favor de tener un INTA que funcione para los fines que efectivamente fue pensado y no para lo que se lo ha utilizado últimamente. Se terminó el uso de los organismos públicos como máquina para financiar el despilfarro de la vieja política. Ninguna oficina estatal tiene derecho a extirpar la riqueza a los argentinos”, sentenció.

El viernes pasado, por medio de la Resolución 70/2024, el Gobierno convocó a la subasta del edificio ubicado sobre la calle Cerviño, algo ya anunciado un mes atrás cuando la administración libertaria comunicó que pondría a la venta edificios públicos e inmuebles estatales con el objetivo de “eficientizar el rol del Estado”.

Si bien allí aún funcionan oficinas, en la administración de Javier Milei consideran que “ya no son necesarias”, algo que derivó en un reclamo gremial en contra de la decisión, que encabeza la Asociación del Personal del INTA (Apinta). En ese lugar trabajan 140 personas, divididas en Fundación ArgenINTA, delegación de INTeA, Dirección Relaciones Internacionales y Dirección Vinculación Tecnológica.

En este marco el lunes se dio a conocer una denuncia anónima contra el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, y el presidente AABE, Nicolás Pakgojz, ante el Ministerio Público Fiscal por supuesta “estafa, administración fraudulenta y abuso de autoridad” por el caso de ese edificio. La descripción del presunto hecho señala que es por “sacar a remate bienes sobre los que no tienen derecho con la participación del presidente del INTA para concretar una venta a precio por debajo del valor del mercado”.

Desde la AABE respondieron a LA NACION que la denuncia “está mal hecha” ya que “hay una carta del presidente del INTA” para avanzar con la subasta. Señalaron que los gremios tienen que entender que “no son los dueños de los bienes del Estado”.