El gobierno de Javier Milei determinó este jeuves el cese de acciones de Ricardo Echegaray en la Aduana, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), luego de que el funcionario fuera condenado por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Según el documento al que pudo acceder LA NACION, Etchegaray fue notificado este jueves a través de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIM).

El organismo especializado en la investigación de hechos de corrupción y control de integridad en el Estado dispuso así la desvinculación del extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) durante la gestión de Cristina Kirchner y que llevaba más de 30 años dentro de la administración pública.

En su artículo 1°, la resolución de ARCA establece “hacer efectiva la orden judicial de inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública dispuesta mediante sentencia del 16 de diciembre de 2021, en el marco de la causa N°CFP 4943/2016 y, en consecuencia, exonerar Echegaray, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 7) del artículo 10 y tercer párrafo del artículo 11, del Régimen Disciplinario Unificado aprobado por la Disposición N° 185”.

En su artículo 2, solicita “hacer saber al nombrado que, con el dictado de la presente disposición, queda agotada la vía administrativa y que contra la misma podrá interponer, a su opción, recurso de reconsideración o de alzada, en los términos de los artículos 84, 93, 94 y concordantes del Reglamento de Procedimientos Administrativos”.

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado el 5 de marzo último la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.

Los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Casación, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo, rechazaron de manera unánime el recurso interpuesto por la defensa de Echegaray y dejaron firme la condena.

El exfuncionario había sido sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública.

La Justicia lo encontró autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada, cometida en perjuicio de la administración pública.

La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta violación a la garantía de imparcialidad por parte de los magistrados del tribunal oral.

El pasado marzo, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de cuatro años y ocho meses de prisión contra Echegaray en una causa donde se lo encontró culpable de favorecer a la empresa petrolera argentina Oil Combustibles, que retuvo 8000 millones de pesos en impuestos a los combustibles.

Los entonces accionistas de la compañía Cristóbal López y Fabián de Sousa fueron absueltos en ese proceso. El fallo permanece en estudio de la Corte Suprema de Justicia y el organismo ya indicó, en una sentencia anterior, que se debe revisar esa decisión.

El exfuncionario fue sentenciado el 30 de abril de 2024 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 a la pena de cuatro años y ocho meses de prisión, junto con la inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. La defensa de Echegaray había solicitado que se anulara el fallo, al argumentar una supuesta “violación a la garantía de imparcialidad” por parte de los magistrados del tribunal oral y asegurar que habían valorado de forma doble su cargo como máxima autoridad de la AFIP para agravar la pena.

Al haber quedado firme la condena, el único camino que le queda al ahora exfuncionario para evitar cumplir la pena de prisión es acudir a la Corte Suprema de Justicia y solicitar un recurso extraordinario o una queja. En el caso de que ambos sean rechazados, deberá ir a la cárcel.

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