CÓRDOBA.- El ministro de Economía, Luis Caputo, reveló que podría convocar a todos los mandatarios provinciales para acordar una rebaja de Ingresos Brutos y tasas municipales. Sería una suerte de nuevo consenso fiscal. El funcionario evalúa la convocatoria a instancias de un pedido de un gobernador aliado: Rogelio Frigerio, mandatario de Entre Ríos y excompañero de Caputo durante la gestión de Mauricio Macri.

La posibilidad de un acuerdo con las provincias se daría después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le reclame a la Nación una reforma tributaria integral, la que requeriría más de un esquema de coordinación amplio que de un pacto de difícil monitoreo. Los antecedentes de los últimos 30 años muestran que esos acuerdos son muy volátiles.

“Estamos hablando con algunos gobernadores para hacer esa convocatoria”, le respondió Caputo a LA NACION hace una semana y sostuvo que la idea es avanzar durante este año con la reducción de tributos provinciales -en especial Ingresos Brutos- y municipales que, dijo, representan hoy uno de los principales componentes del “costo argentino”.

Desde inicios de los ’90, los pactos fiscales entre la Nación y las provincias han sido recurrentes. Funcionan, en muchos casos, como parches a la reforma de fondo que viene demorada desde 1994, cuando la nueva Constitución Nacional ordenó dictar una nueva ley de coparticipación. La normativa actual data de 1988; nació como transitoria en la presidencia de Raúl Alfonsín. En medio de una situación económica crítica, estableció porcentajes fijos de distribución de recursos entre la administración central y los estados subnacionales.

Con Carlos Menem en la presidencia y Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía, los pactos aparecieron como una herramienta para que las provincias corrigieran sus desequilibrios fiscales y la Nación pudiera sostener el modelo de la convertibilidad.

En 1992, firmaron un acuerdo por el que los gobernadores aceptaron la retracción del 15% de la masa coparticipable para financiar Anses (impactado por la creación de las AFJP), asumían compromisos de disciplina fiscal y se comprometían a reformas administrativas y previsionales. A cambio, la Casa Rosada garantizaba un piso mínimo de transferencias mensuales, asistencia financiera en caso de desequilibrios, refinanciación de deudas provinciales y apoyo político para la gestión de créditos internacionales.

Ese acuerdo terminó convirtiéndose en uno de los puntos más conflictivos del federalismo argentino. Varias provincias fueron a la Justicia porque, desaparecidas las AFJP, la retención continuaba. En 2015, la Corte Suprema falló a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis y declaró inválida la continuidad de ese descuento sin un nuevo acuerdo federal.

Le siguió el Pacto Fiscal Federal de 1993 -firmado también bajo el menemismo- por el que las provincias asumían compromisos concretos como eliminar o reducir impuestos considerados “distorsivos” y modernizar la administración tributaria, privatizar bancos provinciales deficitarios, ajustar el gasto público, limitar el crecimiento del empleo estatal y avanzar en reformas previsionales. El enunciado es similar a lo que hoy todavía está pendiente.

A cambio, la Casa Rosada ofrecía compensaciones financieras, fondos especiales para cubrir déficits, avales para tomar créditos afuera y programas de asistencia técnica. El Gobierno nacional necesitaba resultados fiscales para mostrar al FMI y varios gobernadores no tuvieron otro camino que aceptar por su dependencia creciente de los giros nacionales.

Con Fernando de la Rúa en la presidencia y José Luis Machinea en Economía se sucedieron los compromisos fiscales de 1999 y 2000 que pedían déficit cero provincial, congelamiento del gasto público, reducción del déficit previsional, reformas impositivas locales y límites al endeudamiento. A cambio la Nación que, una vez más, negociaba recursos con el FMI, garantizaba refinanciación de deudas, compensaciones económicas y asistencia técnica. En medio de la crisis, las provincias emitieron cuasimonedas y los acuerdos quedaron en la nada.

Con la llegada de Néstor Kirchner a la Casa Rosada en 2003 comenzó un estilo diferente de relación con las provincias. La Nación concentró poder y, a partir de la entrega o negación de fondos, buscó disciplinar políticamente a los gobernadores. Crecieron las transferencias no automáticas, los recursos distribuidos discrecionalmente por el Poder Ejecutivo.

En esos años, además, creció la presión tributaria nacional a partir de suba de impuestos, como las retenciones, que no son coparticipables. Cristina Kirchner terminó creando un “fondo sojero” para distribuir parte de esa recaudación con las provincias. Fue a finales de su gestión cuando la Corte Suprema de Justicia puso fin del descuento del 15% de la coparticipación para Anses. Fue Mauricio Macri, a semanas de asumir, quien debió cumplir con el fallo.

En 2017, con Frigerio como ministro del Interior, se firma un nuevo Consenso Fiscal. Hay especialistas que lo consideran el “más ambicioso” de los de la lista, mientras que para otros nació con problemas de diseño.

Las provincias debían reducir progresivamente durante cinco años, Ingresos Brutos, bajar impuestos de Sellos, eliminar tratamientos diferenciales, contener el gasto público, transparentar la información fiscal y frenar juicios contra la Nación. A cambio, la Rosada compensaba pérdidas de recaudación, devolvía gradualmente el 15% retenido para Anses, transfería fondos adicionales a Buenos Aires y refinanciaba deudas.

Macri intentaba generar previsibilidad fiscal y mostrar un esquema más “federal” de relación con los gobernadores. Como en algunas categorías de Ingresos Brutos la banda superior de alícuotas era más alta que las vigentes, hubo provincias que las subieron. La crisis cambiaria de 2018 alteró el contexto y el pacto se suspendió en 2019.

Alberto Fernández, después de asumir y en medio de la pandemia, directamente lo dejó sin efecto.

La relación de la administración de Javier Milei con los gobernadores es zigzagueante, con alianzas que se reeditan en función de las promesas en un contexto permanente de reclamo de obras y recursos por parte de las provincias.