Fue extraditado en un operativo secreto desde Cancún, en México, por detectives del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). Ahora fue procesado con prisión preventiva por el delito de lavado de activos y sus bienes fueron embargados hasta cubrir la suma de 300 millones de pesos.

Se trata de Raúl Martins, un exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) de 77 años que había sido detenido en México en 2019.

“Como se recordará, el objeto procesal general de estos actuados, en el que se inscriben los hechos que en concreto resultan materia de tratamiento en esta instancia, se encuentran circunscriptos en torno a la posible existencia de una organización criminal comandada por Martins que, de manera sostenida e ininterrumpida en el tiempo, se habría dedicado a explotar sexualmente a mujeres en el ámbito de esta ciudad –en particular en los distintos locales que funcionaron en la avenida Juan B. Justo 5302-, procurando luego reintroducir en el mercado legal, ocultando su verdadero origen, el dinero obtenido de aquella actividad”, explicó la jueza federal María Servini en el comienzo de la resolución donde procesó al exespía.

La investigación había comenzado el día 6 de marzo de 2013 a partir de una llamada anónima que se había recibido en el Ministerio de Seguridad “dando a conocer la existencia de un prostíbulo en la avenida Juan B. Justo 5302 de , en el que se explotaría sexualmente a menores de edad”.

Según se sospecha, el expía llegó a tener diez “locales”. La jueza Servini explicó: “Todo indica que Martins procuraba no darse a conocer formalmente, valiéndose de terceras personas para comandar la organización delictiva puesta a estudio; las relaciones demostradas con los restantes imputados –algunos familiares directos suyos y otros, personas de estrecha confianza– así lo demuestran. Todo indica que procuró, con el correr de los años, a medida que su negocio se expandía y la Justicia comenzaba a investigarlo, dejar de estar formalmente vinculado a sus locales y empresas”.

Según informó LA NACION en su momento a partir de documentos judiciales, la organización que lideró el exespía funcionó en la Argentina por medio de un esquema que –según los investigadores– reunió al menos a 50 jefes operativos en un complejo entramado que conectaba empresas y sociedades legales con prostíbulos clandestinos y antros de explotación sexual.

En julio de este 2019, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Martins que había sido dictado por la jueza Servini, luego de una extensa investigación que comenzó en 2009 y que estuvo dirigida por los fiscales federales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), y también por el fallecido fiscal federal Federico Delgado, que fue titular de la Fiscalía Federal N° 6 de Comodoro Py.

“Puntualmente, los investigadores judiciales aseguran que el grupo criminal opera en la ciudad de Buenos Aires desde hace más de 25 años y que el detenido llegó a manejar diez prostíbulos en la zona de Once, Flores, microcentro y Recoleta, de los cuales obtenía –en 2006– ganancias anuales cercanas al millón y medio de dólares. Para administrar el dinero, Martins habría contado con el soporte fundamental de su madre y de su hermana, quienes para el Ministerio Público Fiscal participaron en maniobras de lavado”, había informado LA NACION en 2019, cuando Martins fue detenido en México.

La defensa de Martins logró evitar la extradición durante siete años. Pero el mes pasado, en un operativo secreto, llegó al país custodiado por uniformados del Departamento Interpol de la PFA.

Unas horas antes, la Argentina había expulsado a México al contraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado en su país de contrabando de combustible.

“El Ministerio de Seguridad Nacional expulsó del país a Farías Laguna, excontraalmirante de la Marina de México, requerido por la Justicia de ese país por su presunta participación en una organización criminal dedicada al contrabando ilegal de hidrocarburos. El procedimiento fue resultado del trabajo coordinado de la Dirección Nacional de Migraciones, la Policía Federal Argentina y el Servicio Penitenciario Federal, con la intervención de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) y de la Justicia Federal argentina”, informó en su momento el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa.

Cuando fue indagado, Martins, que dijo tener domicilio en un departamento de un exclusivo edificio de Puerto Madero, se negó a declarar, pero presentó un escrito en su defensa donde pidió su sobreseimiento o falta de mérito por la inexistencia del delito precedente.

El exespía, según el expediente judicial, dijo que el único delito de explotación sexual que se le atribuye y quedó firme fue por el local situado en la avenida Juan B. Justo 5302, y solo por el período comprendido entre el 5 de enero de 2013 y el 27 de octubre de 2014. Además, sostuvo que las acusaciones por los otros nueve locales quedaron archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

“Concluyó su descargo explicando que las 26 operaciones que le imputaron como lavado de activos —compras de inmuebles y administraciones de sociedades anónimas— fueron de los años 2009, 2010, 2011 y 2012, las que entendió como anteriores al año 2013, lo que significa temporalmente imposible, con la carencia de delito anterior y sin nexo temporal, con lo que quedan desarticuladas las conductas endilgadas”, según se sostuvo en la resolución de la jueza Servini.

Pero al resolver la situación procesal, la magistrada sostuvo que “se ha acreditado que el nombrado habría sido el protagonista de distintas maniobras que, a primera vista, serían típicas del delito de lavado de activos”.

Y agregó: “Resulta pertinente destacar que la subsunción típica de la conducta de lavado no requiere que las sociedades utilizadas para la maniobra hayan sido constituidas de manera coetánea o con posterioridad al ilícito precedente. La preexistencia de una persona jurídica es, en este sentido, un dato jurídicamente neutro: lo que la norma capta no es la génesis del instrumento, sino el acto de conversión, administración o disimulación de bienes de origen ilícito llevado a cabo a través de él. En consecuencia, una estructura societaria constituida con anterioridad al hecho precedente puede constituir, sin contradicción dogmática alguna y pese a lo argüido por la defensa, el instrumento a través del cual se ejecuta la maniobra de lavado”.

Y, para finalizar, la jueza Servini afirmó: “La interposición de una pluralidad de personas jurídicas radicadas tanto en el país como en el extranjero, la ausencia de figuración de Martins como beneficiario final de dicho entramado pese a ejercer sobre él —directa o indirectamente— su administración y control efectivos, y el marco temporal en que dicha estructura fue operada en relación con el hecho precedente, no constituyen circunstancias que deban examinarse de manera compartimentada como vengo diciendo, sino que, apreciadas en su conjunto, conforman un cuadro unívoco que permite sostener, con el grado de probabilidad requerido por el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, la intervención del imputado. En efecto, se encuentran reunidos, con el grado de probabilidad propio de esta etapa procesal, tanto el presupuesto típico del ilícito precedente —cuya existencia surge, prima facie, de las constancias por los tramos investigativos elevados a juicio— como la conducta consistente en la administración y disposición, a través del entramado societario descripto, de bienes vinculados con aquellos, ejecutada por Martins mediante la doble modalidad ya señalada: la actuación directa amparada en poderes de administración, y la actuación indirecta mediante la interposición de terceras personas que integraban su núcleo familiar directo”.