El Tribunal Oral Federal N°7 condenó al exministro de Planificación Julio de Vido a cuatro años de prisión por fraude al Estado en la causa que investigó las irregularidades en la compra de Gas Natural Licuado (GNL) en 2008 y 2009, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.

Los jueces del tribunal, Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero, encontraron penalmente responsable al exministro del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

También condenaron a su mano derecha, Roberto Baratta, a la pena de tres años y seis meses de prisión.

De Vido y Baratta fueron acusados por haber pagado “innecesariamente” más de US$5,5 millones a intermediarios, en perjuicio del Estado.

En sus alegatos finales, los fiscales Fabiana León y Nicolás Codromaz pidieron cuatro años y ocho meses de prisión para De Vido y cuatro años y seis meses para su mano derecha, el exfuncionario Roberto Baratta.

En la causa, la Justicia investigó una maniobra de sobreprecios por los que se realizaron pagos de comisiones a YPF y dos compañías ligadas a la familia Dromi (Diligentia S.A. y Dysan SA), que habrían intervenido como brokers en la compra de once cargamentos de GNL.

Nicolás Dromi, director de Diligentia SA e hijo del exministro Roberto Dromi, fue encontrado culpable por el tribunal como partícipe necesario y fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso.

De acuerdo con la acusación fiscal, no existió ningún informe técnico ni análisis comparativo que justificara la participación de esas empresas en la operatoria.

Cuando formalizaron su acusación, hace un mes, dijeron que no se encontró documentación que explicara su participación en la maniobra, pese a que se trataba de compañías sin experiencia en el sector. Especialmente teniendo en cuenta que los vínculos entre Enarsa, responsable de la gestión, y los proveedores, como Morgan Stanley, ya estaban establecidos.

“No hay ninguna prueba de qué valor aportó la intermediación de Dromi”, puntualizó el fiscal Codromaz en varios tramos de su exposición frente al los jueces del TOF 7.

Antes de escuchar el veredicto, De Vido no hizo uso de sus últimas palabras y se remitió a lo dicho a lo largo de un proceso que duró un total de 11 años.

Dromi, por su parte, tuvo palabras de agradecimiento para con el Tribunal, al que felicitó por apegarse al “abrigo de las formas” y ofrecer un debate oral “modélico”.

Al igual que el resto de las audiencias, el debate fue realizado vía Zoom y fue transmitido públicamente.

Noticia en desarrollo

De Vido Paso dos años preso en la cárcel federal de Marcos Paz y otros tantos en su chacra de Zárate, con domiciliaria, como consecuencia de sus condenas en la tragedia de ferroviaria de Once, en 2012; y en la causa que investigó la venta de trenes chatarras a Portugal y España. Ninguna de esas penas está firme, remarcan en su entorno.

En la causa por Vialidad, por no tener vínculos directos con el entramado de la Obra Pública en Santa Cruz, el exministro fue absuelto, pero aguarda ser juzgado en Cuadernos, la megacausa de corrupción cuyo juicio comienza en noviembre de este año.

También espera el veredicto del Tribunal Oral Federal en la causa por Skanska, el primer gran escándalo de corrupción que sacudió al kirchnerismo, donde se investigó el pago de supuestos sobornos de la constructora sueca a funcionarios del Gobierno.

Allí, el fiscal del juicio, Abel Córdoba, pidió cinco años de prisión para quien fue el máximo responsable de la Obra Pública en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El tramo central de la causa GNL estuvo marcado por un peritaje oficial que fue declarado inválido por la Justicia. Fue realizado por David Cohen, un ingeniero que enfrenta un juicio oral por falsedad ideológica.

Este expediente fue clave para que el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli retuvieran la causa Cuadernos -de la que formó parte en un comienzo- y cuyo juicio oral comenzará en noviembre de este año.

Es la para De Vido en los últimos días. El jueves pasado fue absuelto por el mismo Tribunal en la causa que juzgó el financiamiento estatal de “Mamá Corazón”, una telenovela protagonizada y y producida por la actriz Andrea del Boca, que nunca llegó a emitirse en vivo.