Finalmente, hoy se conoció el ganador de la subasta por el edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) ubicado en la calle Cerviño 3101/67 en el barrio porteño de Palermo. Se dio tras un procedimiento electrónico que comenzó a partir de las 10 donde participaron inicialmente los 18 oferentes, y Julián Álvarez 1986 S.R.L se quedó con el inmueble. La venta fue de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El precio ofertado fue de US$18,5 millones, mientras que el proceso se extendió hasta las 11.34, cuando se registró la última puja.

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El valor base del inmueble había sido determinado en US$6.378.968 tras un informe del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) en el que se fijó un piso de US$5.741.071, tomando en cuenta la ubicación y características del inmueble. En ese sentido, la AABE tomó el valor más alto como precio base. El terreno donde está el edificio tiene 919.10 m2, y de acuerdo con las bases publicadas semanas atrás en el sistema Subast.ar, la edificabilidad total del inmueble ascendería a los 10.126 m2 de superficie. El monto mínimo de incremento de las ofertas era de US$95.700.

De acuerdo con los pliegos de bases, el ganador deberá destinarlo al desarrollo inmobiliario y construir al menos un 75% de la superficie utilizable bajo las normativas vigentes, excluyendo otros posibles usos como conservación histórica o espacios verdes. En total se registraron 18 oferentes en la etapa inicial de preselección, mientras que en la puja final alcanzaron a llegar solo 13 oferentes. Entre los oferentes estaban Grupo Inversa SRL, BKR Digital Tech SAS, Baeza, Héctor Fernando Colella, Irsa Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, Consultatio S.A y Julián Álvarez 1986 S.R.L. Este último ofertó US$18.500.000, por lo que resultó ser el ganador de la subasta.

Julián Álvarez 1986 SRL. se dedica a la construcción de edificios, reforma y reparación de edificios residenciales (incluye la construcción, reforma y reparación de viviendas unifamiliares y multifamiliares; bungaloes, cabañas, casas de campo, departamentos, albergues para ancianos, niños, estudiantes, etc.).

Desde que se conoció la decisión del Gobierno de vender el edificio la operación quedó envuelta en la polémica por la titularidad del inmueble y, además, la reubicación del personal. Anteayer, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas emitió un dictamen donde alertó una “llamativa premura” y advirtió que encontró incompetencias de parte de funcionarios que iniciaron el expediente, pero también apuntó a los pliegos de bases y condiciones. El curso de la investigación está a cargo del fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez.

La semana pasada también se conoció un pedido de acceso a la información para conocer los detalles de la subasta, firmado por el secretario General de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Apinta), Mario Romero. Este procedimiento fue realizado originalmente el 11 del actual, donde cuestionaba la transparencia y la legalidad de la subasta del edificio.

Hoy, pasados 12 minutos del comienzo de la subasta pública, Romero, contó a LA NACION, recibió una notificación personal de la AABE en el que rechazaban el recurso de reconsideración contra la resolución 70/24 que había realizado el gremio.

De acuerdo con las bases y condiciones, la edificabilidad total del inmueble, que ascendería a los 10.126 m2 de superficie, valor que es de carácter indicativo y referencial, se ha determinado bajo las siguientes premisas: no se han considerado descuentos de superficies aplicables, patios, áreas comunes, servicios u otros.

Se precisan usos residenciales u oficinas y una altura de entrepiso de 2,80 mts (2,60 mts altura interior). También rendimientos de superficie al 100%, sin ningún tipo de descuentos relativos al proyecto.

Además, los pliegos señalaban que los oferentes declaraban conocer y aceptar que la obra de construcción objeto del presente deberá ser: i) iniciada dentro de un plazo máximo de treinta y seis (36) meses; y ii) finalizada y habilitada al uso, conforme condiciones del destino de dicha obra, dentro de un plazo máximo de noventa y seis (96) meses.

El planteo que hizo Apinta giró en torno a la transparencia, la legalidad, y el uso adecuado de los bienes del Estado. Los cuestionamientos que surgieron a lo largo de estos dos meses destacaron potenciales irregularidades y riesgos de perjuicio económico y social contra el organismo.

En este contexto, surgieron versiones de que el edificio tenía una restricción de venta. Según consta en la escritura y el sistema catastral, a la que tuvo acceso LA NACION semanas atrás, el inmueble fue adquirido en su momento por Pedro Gastón Bordelois, en representación del INTA, de su Consejo Directivo, con fondos de la institución. Los datos constan en la escritura N° 408 del 2 agosto de 1967, que señala que la propiedad se iba a destinar para “el funcionamiento del Instituto de Suelos y Agrotécnia”.

“En tal virtud el señor Guillermo Edmundo Fehling, cumpliendo con la obligación contraída otorga y declara que: vende y transfiere en absoluta propiedad, posesión y dominio a favor del Estado Nacional Argentino (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) una finca de su propiedad ubicada en la zona Norte de Capital, calle Ocampo esquena a Cerviño”, precisa el documento. En Catastro bajo el archivo 3101/29/67 la pertenencia del inmueble es del “Estado Nacional Argentino”, de acuerdo con el escribano Jorge Garrido, quien señaló que la propiedad será “usufructuada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA”.

Vale recordar que cuando el Gobierno decidió poner en venta el inmueble lo hizo a través de una publicación en el Boletín Oficial con el Decreto 950/2024 con el objetivo de “eficientizar el rol del Estado”. La decisión la argumentó con la Ley Bases para promover la venta de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional que ya “no son necesarios” para su gestión.