La Sociedad Rural Argentina (SRA) se presentó ante la Justicia para respaldar la constitucionalidad de la Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802). La entidad solicitó formalmente intervenir como tercero en la causa judicial iniciada por la CGT contra el Estado Nacional para pedir que no se suspenda su aplicación.

A través de un comunicado, desde la Rural advirtieron que un freno a la reforma impactaría en los costos productivos y la generación de empleo, al tiempo que cuestionaron la competencia de la Justicia del Trabajo para decidir sobre una ley sancionada por el Congreso Nacional.

“La modernización laboral no implica menos derechos, sino mejores herramientas para generar empleo, sostener la producción y fortalecer la seguridad jurídica”, dice el comunicado.

En ese sentido, sostuvo en el texto que la ley busca “promover el empleo formal, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad, sin afectar derechos esenciales de los trabajadores”.

La entidad comentó también que cuestionó la medida cautelar que suspendió la aplicación de la ley, al considerar que implica “una alteración del principio de división de poderes, al dejar sin efecto una norma aprobada por el Congreso”.

Asimismo, la SRA advirtió que frenar la ley afectaría la “previsibilidad jurídica y el normal desenvolvimiento de las relaciones laborales en todo el país”.

En el cierre del comunicado, la SRA precisó que reafirmó “su compromiso con la defensa de la producción, el trabajo formal y el respeto por las instituciones”.

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