En el conurbano bonaerense, la seguridad es formalmente competencia de la provincia de Buenos Aires, según la ley. Sin embargo, la realidad que enfrentamos todos los intendentes es otra: cuando roban a un vecino, cuando una familia tiene miedo de salir de su casa o cuando un comerciante cierra con angustia, el primer reclamo llega al municipio, al intendente, al centro de monitoreo, a la patrulla local o al funcionario en territorio.

Esa brecha entre la ley y la calle es el punto de partida de una discusión que la provincia de Buenos Aires debe dar con seriedad. Durante años, los municipios hemos asumido cada vez más responsabilidades en seguridad: patrulleros, motos, cámaras, centros de monitoreo, lectores de patentes, programas de alerta vecinal, análisis del delito y coordinación con fuerzas provinciales y federales. En San Isidro lo hicimos porque el vecino lo necesita y porque no es una opción mirar para otro lado.

Valoro que la provincia haya escuchado a los intendentes y abierto el debate para reformar la Ley de Seguridad Pública, una norma antigua que no reconoce el rol actual de los gobiernos locales. Sin embargo, el proyecto que circula hasta ahora no resuelve el problema de fondo.

No se discute si los municipios debemos participar más en la seguridad de nuestros distritos -eso ya está saldado en los hechos-. La pregunta es con qué herramientas vamos a hacerlo. Una reforma que descentraliza tareas, amplía responsabilidades y formaliza funciones existentes, pero que no transfiere poder de decisión ni aumenta la capacidad de respuesta, nos deja como responsables ante el vecino, financistas del sistema y primeros en la calle, pero sin mando real sobre las decisiones críticas.

En San Isidro, desde que asumimos en diciembre de 2023, venimos consolidando un Sistema de Seguridad profesional con una Patrulla Municipal en expansión: 300 oficiales de seguridad en la calle, 130 patrullas, 40 motos, un Centro de Operaciones Municipal que funciona las 24 horas, un sistema de videovigilancia que alcanzará las 2910 cámaras y 200 lectoras de patentes.

Podemos sumar más móviles, cámaras y tecnología, pero nuestros equipos siguen teniendo menor capacidad de intervención que la policía provincial. En la práctica, el municipio suele llegar primero, contener primero y asumir el riesgo primero, pero depende de otro para cerrar la intervención.

Este diseño es ineficiente e injusto. Cuando un oficial municipal interviene ante un delito grave, protege a un vecino o enfrenta a un delincuente armado, el Estado debe darle respaldo legal, formación, equipamiento y una carrera profesional acorde. No se puede exigir presencia y riesgo sin otorgar atribuciones.

Las armas de baja letalidad que estamos incorporando en San Isidro ayudan, pero no bastan frente a delincuentes armados con fuego. Por eso necesitamos una verdadera policía municipal con conducción clara, unidad de mando bajo la autoridad del intendente, autonomía funcional, protocolos propios, plan de carrera, régimen disciplinario, capacitación permanente y coordinación con todas las fuerzas provinciales y nacionales.

Pero coordinar no es subordinar. Integrar no es convertir al municipio en un mero soporte operativo. Un sistema serio debe permitir que cada nivel del Estado aporte lo que mejor conoce: nadie conoce mejor el territorio, los barrios, los horarios y las dinámicas locales que el municipio.

La reforma debe partir de una idea básica: donde hay responsabilidad política, debe haber capacidad real de conducción. Los intendentes no podemos seguir siendo la ventanilla del reclamo, los financistas del despliegue y la primera respuesta territorial sin herramientas equivalentes para actuar.

Se debe discutir este tema con seriedad, sin consignas vacías ni oportunismo. Los municipios ya nos hicimos cargo. Ahora la ley debe estar a la altura de esa responsabilidad.

Intendente de San Isidro