Llegó la hora de la sentencia en el juicio contra el exvicegobernador de Córdoba por un choque mortal en Altas Cumbres
CÓRDOBA.- Este martes, a casi cuatro años de la tragedia de las ...
CÓRDOBA.- Este martes, a casi cuatro años de la tragedia de las Altas Cumbres, se conocerá la sentencia por el letal siniestro que tuvo como protagonista al exvicegobernador, exlegislador y exfuncionario nacional Oscar González, que causó la muerte de la docente Alejandra Bengoa y dejó con secuelas gravísimas a dos adolescentes.
El fallo del juez Santiago Camogli está previsto para las 12 en los tribunales de Villa Dolores. Será el final de este juicio, aunque seguramente habrá apelación y no se cerrarán otras derivaciones judiciales del caso.
La expectativa está puesta en la pena que recibirá González y en los fundamentos que sostendrán la decisión. La fiscal Analía Gallaratto pidió tres años y diez meses de prisión efectiva (por su edad, González no irá a la cárcel) y diez años de inhabilitación para conducir, al mantener la acusación por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.
Las querellas reclamaron diez años de prisión al sostener que el hecho debía ser encuadrado como homicidio simple con dolo eventual, una calificación que el tribunal rechazó.
La defensa del exhombre fuerte del peronismo cordobés, en cambio, pidió la absolución y responsabilizó de la dinámica del siniestro a Bengoa.
El núcleo del debate pasó por la reconstrucción de lo que ocurrió el 29 de octubre de 2022 en los segundos previos al impacto frontal entre el BMW X1 que conducía González y el Renault Sandero en el que viajaban Bengoa, su hija Marina y Alexa Miranda, una amiga de la adolescente.
El peritaje accidentológico oficial y la reconstrucción virtual presentados durante el juicio ubicaron el punto de colisión en el carril por el que circulaba el vehículo de las víctimas. El especialista Ramiro Ojeda explicó que esa conclusión surgía de las marcas de arrastre, las deformaciones de los autos y las trayectorias reconstruidas.
La defensa, a cargo del abogado Miguel Ortiz Pellegrini, sostuvo, en cambio, que Bengoa había intentado sobrepasar a un camión y que el impacto se produjo mayoritariamente sobre su propio carril. En su alegato, el abogado cuestionó al especialista que elaboró la reconstrucción virtual y exhibió imágenes para respaldar su hipótesis.
La presentación generó objeciones de familiares de las víctimas, que cuestionaron el uso de material que consideraban ajeno al peritaje oficial.
De la interpretación de esas pruebas depende la atribución de responsabilidad penal. La fiscalía sostuvo que la maniobra de González fue la causa del choque; los defensores buscaron instalar dudas sobre la reconstrucción y trasladar la responsabilidad a Bengoa.
El impacto mató a Bengoa, de 56 años; Miranda quedó parapléjica y Marina sufrió lesiones de extrema gravedad. Los familiares de las víctimas reclaman una respuesta judicial proporcional a las consecuencias del choque. Las jóvenes siguen con rehabilitación y con tratamientos médicos.
En noviembre de 2025, Camogli rechazó un pedido de suspensión del juicio a prueba que contemplaba un ofrecimiento de $340 millones para resarcir a las víctimas.
Las demandas civiles promovidas por las víctimas alcanzan, a septiembre pasado, unos $78.000 millones. La mayor es la de Alexa, y por detrás se ubican las de Marina y Vega.
Polémica desde el inicioDesde las primeras horas posteriores al choque, el caso quedó atravesado por la polémica. González conducía una BMW X1 que había sido secuestrada en una causa judicial y entregada a la Legislatura de Córdoba. El vehículo circulaba con una patente clonada, lo que abrió interrogantes sobre los controles y las condiciones en que se utilizaba un bien bajo custodia estatal.
También quedaron registradas imágenes del retiro de bolsos del vehículo después del accidente. Ese episodio derivó en investigaciones judiciales federales por supuesto lavado de dinero. Esa causa ya se cerró.
Sí continúa la investigación federal sobre el patrimonio del exlegislador; allí se analiza su presunto enriquecimiento ilícito y la falsificación de declaraciones juradas.