En otras circunstancias, es probable que Javier Milei no resistiera la tentación de comparar su situación en el Congreso con la de Donald Trump en el Capitolio. El desacuerdo parlamentario entre republicanos y demócratas suspendió el financiamiento del gobierno. Un tema delicado porque complica la asistencia económica prometida por el Tesoro de Estados Unidos a la Argentina. Pero también porque el resultado de las elecciones del 7 de septiembre alteró de forma tan dramática la escena local que hasta el respaldo de Trump parece insuficiente para restablecer la confianza de los mercados en la vocación de cambio de Milei. Es lo que esperaban que demostrara después de la derrota en la provincia de Buenos Aires: evitar que su sombra se proyecte sobre los comicios del 26 de octubre si antes se introducían modificaciones en su gabinete ministerial. La volatilidad del mercado cambiario expresa la crispación de los inversores por la demora de esas rectificaciones. Existe el temor de que no se produzcan hasta después de las elecciones, cuando, tal vez, el Gobierno haya gastado más tiempo del conveniente en la ilusión de estar ganándolo.

Aun cuando es incierto que pase, la pregunta que sobrevuela es si hacía falta que Trump le pidiera a Milei que recupere el diálogo con la oposición y desista del último modelo conocido de otra supuesta invención argentina con efectos milagrosos: liderar la salida a una crisis institucional con una débil representación parlamentaria e imponiéndole condiciones para hacerlo a un sistema político hiperfragmentado. Una composición de lugar que, quizás, vuelva lógicas las prevenciones de Mauricio Macri para prestar auxilio. Hay quienes creen que antes deberá sanar el malestar ocasionado por la cita con Karina Milei en Olivos a la que lo condenó Milei con el cierre de listas en la Ciudad. Son los que piensan que Macri propondrá un pliego tan exigente de condiciones que hará desistir a Milei de un acuerdo.

Sería injusto, sin embargo, desconocer las tenues señales de restauración emitidas por el Gobierno. La Unidad de Información Financiera (UIF) le dio por primera vez la razón al fiscal federal Sergio Mola en la causa donde investiga a Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Durante el gobierno de Milei, la UIF se había encargado de objetar al fiscal. Mola obtuvo el 26 de septiembre un aval importante de la Cámara Federal de Casación Penal. Un fallo unánime de la sala 4, dispuso el 26 de septiembre que sean peritos de la Corte quienes tasen la evolución patrimonial de Insaurralde y no los de la UBA, propuestos por el juez federal Ernesto Kreplak mientras subrogó el caso. El presunto vínculo con Daniel Angelici es la sospecha que flota sobre los requeridos por Kreplak.

Pero la resolución de Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos también representa una advertencia a la Cámara Federal de La Plata por rechazar en primera instancia el planteo de Mola. En particular a Roberto Lemos Arias, su presidente y, en apariencia, quien lideraría el criterio que impera en ese cuerpo. Pero también para el propio Kreplak. Sobre todo por un tramo de la causa de Insaurralde que despierta comentarios. A pesar de que el juez nunca delegó la investigación en el fiscal, Mola descubrió que Jessica Cirio tenía una caja de seguridad en un banco privado.

Cirio es investigada con Insaurralde en la misma causa. Mola le pidió autorización a Kreplak el 29 de febrero para allanar el banco y dar con la caja. Cirio la abrió el viernes 1° de marzo luego de cuatro meses de inactividad en su movimiento. El allanamiento dispuesto por Kreplak el 6 de marzo permitió constatar que estaba vacía.

El de Insaurralde no es el único caso que marcaría un cambio de orientación en la UIF. En Comodoro Py circula la versión del inquietante informe sobre Elías Piccirillo remitido por ese organismo a María Eugenia Capuchetti. La jueza federal intenta determinar cómo reunió Francisco Hauque los seis millones de dólares que le prestó y reclama a Piccirillo, acusado de montar un operativo policial en complicidad con efectivos de la policía metropolitana para que Hauque sea detenido por traficar estupefacientes. La documentación enviada a Capuchetti haría foco en los presuntos nexos políticos de Piccirillo. Además de suceder a Insaurralde como pareja de Cirio, Piccirillo cobró notoriedad por su vínculo aparente con casas de cambio que negociaban la compra de dólares a valor oficial y su reventa en mercados paralelos. Una maniobra durante el gobierno anterior que involucraría los permisos de importación denominados SIRA.

¿Será cierto que un dirigente de Fuerza Patria se ofreció para detener la embestida del kirchnerismo contra Capuchetti en el Consejo de la Magistratura por la causa donde se investiga el supuesto atentado contra Cristina Fernández? Capuchetti resolvió ayer archivar la denuncia de la expresidenta contra Gerardo Millman que lo relacionaba con ese caso. Y citó a indagatoria para el 13 de octubre a Jorge Abello. El exasesor en el Congreso de Fuerza Patria declaró escuchar a Millman aludir al atentado antes de que se produjera.

Esa atmósfera enrarecida habría impregnado la reunión que Cristina Fernández mantuvo anteayer con Axel Kicillof. Si una imagen vale más que mil palabras, el clima de concordia difundido por el gobierno bonaerense es contradicho por la ausencia de un testimonio fotográfico que lo confirme. Lo que parece seguro es que no fue analizada la tensión en el Senado bonaerense que hizo fracasar la sesión que Verónica Magario había convocado ayer. La vicegobernadora se escudó en las instrucciones que habría recibido de Kicillof para obtener un acuerdo con bloques opositores antes que con el de Fuerza Patria. El gobierno bonaerense precisa del voto de los dos tercios en ambas cámaras de la Legislatura para un préstamo de 1045 millones de dólares que precisaría para cerrar el ejercicio de este año. Igual que el presentado por el gobernador en diciembre y marzo pasados, el proyecto de endeudamiento no contempla distribuir parte de esos recursos a los municipios.

La rebelión de los intendentes sin distinción de signo político desarticuló el entendimiento de Magario con Cristian Gribaudo y un sector de la UCR. El jefe del bloque de Pro finaliza su mandato a fin de año. Igual que los radicales Agustín Máspoli y Alejandro Zedillo. Kicillof pretendía presionar a la Cámara de Diputados, que preside Alexis Guerrera, si obtenía el aval del Senado. Guerrera responde a Sergio Massa. Aliado de Cristina Fernández y La Cámpora, quienes mejorarán su representación en la Legislatura desde el 10 de diciembre. La línea de tiempo a la que Kicillof querría llegar con el endeudamiento aprobado.

Sobre este terreno resbaladizo se desliza el Gobierno hacia el 26 de octubre. Una superficie apta para el perfil de Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad desafió la orden de rectificarse y redobló la apuesta contra José Luis Espert. Le pidió que defina con claridad su relación con Fred Machado, investigado por presuntos nexos con el narco. El leitmotiv de Bullrich, reverdecido por el triple crimen de Florencio Varela. La ministra felicitó a la policía del Perú por detener al Pequeño J, acusado de instigar el crimen. Pero omitió referirse a cómo pudo llegar a ese país eludiendo controles fronterizos. Su entorno no descarta que vuelva a ser candidata a presidente. ¿Por La Libertad Avanza? Bullrich se afilió hace cuatro meses. Demasiado pronto para saberlo en un país con apatía electoral y conmovido por la inédita sublevación de los mercados.