Desde la recuperación de la democracia en la Argentina, en 1983, se han iniciado 10 períodos presidenciales constitucionales (1983, 1989, 1995, 1999, 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 y 2023) en los cuales han gobernado 10 presidentes (Alfonsín, Menem, De la Rúa, Rodríguez Saá, Duhalde, Kirchner, Fernández Cristina, Macri, Fernández Alberto y el actual, Milei). Ha sido muy común que, en las sucesivas crisis que debieron afrontar los diferentes mandatarios, aparecieran los argumentos victimizantes según los cuales la oposición tiene actitudes “destituyentes” para con el gobierno de turno, o que perpetra “golpes institucionales”.

La palabra “golpe” en la Argentina, y en Sudamérica en general, tiene connotaciones negativas en función de las experiencias vividas. Y es lógico que así sea, pero para que ese término sea institucionalmente cuestionable y repudiable, debe ser convertido en la expresión “golpe de Estado”, que, paradójicamente, nació en el siglo XVII, en Francia, para hacer referencia a medidas abruptas y violentas que adoptaban los mismos monarcas, pasando por alto la normativa existente, cuando consideraban que era necesario apelar a ellas para salvaguardar la defensa o el bienestar general.

Con el transcurso de los años, y sobre todo a partir del siglo XX, la expresión “golpe de Estado” comenzó a usarse para referir a acciones violentas o actos de fuerza perpetrados por militares o civiles, con el objetivo de destituir a las autoridades constitucionalmente establecidas. Por caso, en la Argentina, entre 1930 y 1976, eso ocurrió en seis oportunidades. Pero cuando los gobiernos democráticos sienten que no son apoyados ni acompañados por la oposición, comienzan a victimizarse utilizando estos términos que generan miedo y temor en la población. Como no pueden hablar lisa y llanamente de “golpes de Estado”, entonces apelan a expresiones sofísticas como “golpes institucionales”.

Un sofisma es un argumento falso con apariencia de verdad; en el fondo, constituye una verdadera falacia. Cuando un gobierno elegido popularmente cree que el Congreso no lo acompaña en su gestión, y comienza a sentir debilidad a la hora de conducir los destinos de un país, suele apelar a la expresión “golpe institucional”, que no es otra cosa que, justamente, un sofisma.

En el caso actual, en nuestro país, el gobierno de Milei ha comenzado a advertir que el Congreso no lo apoya, que sanciona leyes que no le gustan, que le rechaza vetos y que el mercado no lo acompaña. Ante esa debilidad, él, sus funcionarios y sus prosélitos afirman que la oposición quiere provocar un “golpe institucional”. Ese argumento tiene apariencia de lógico y verdadero, pero es falso: pues aquí aparece el sofisma. Veamos.

En primer lugar, el presidente no gobierna solo; por el contrario, hay tres órganos que lo hacen conforme a la clásica teoría de Charles de Secondat (barón de Montesquieu), quien en 1748 la construyó a través de su magna obra El espíritu de las leyes. Dicha teoría es la base del sistema republicano de gobierno. En efecto, en un sistema presidencialista, cuando hay elecciones la gente elige presidentes y legisladores: todos “gobiernan” ejerciendo, cada uno, diferentes atribuciones constitucionalmente repartidas y asignadas. Por lo tanto, cuando el presidente de la Nación toma una decisión o veta una ley, está gobernando, ejerciendo potestades constitucionales, y cuando el Congreso legisla o cuando rechaza un veto, también está gobernando y ejerciendo potestades constitucionales, teniendo sus acciones exactamente la misma legitimidad democrática de origen que las del primer mandatario, quien no puede aseverar, cuando encuentra obstáculos en el Congreso, “que no lo dejan gobernar”, porque el Congreso también gobierna.

En segundo lugar, si el rechazo de vetos presidenciales por parte del Congreso fuera un “golpe institucional”, también lo serían los vetos mismos, o los decretos de necesidad y urgencia que dicta el presidente para ejercer potestades legislativas, o una sentencia que declara la inconstitucionalidad de un decreto o de una ley, o una intervención federal o un juicio político. Ellas son todas potestades constitucionalmente válidas, cuyo ejercicio jamás puede ser considerado de ese modo. Otra cosa es la generación y recreación de condiciones sociales violentas, o el alzamiento contra la ejecución de leyes o decisiones de gobierno, por cuanto ello constituye un delito (específicamente, sedición), y como tal debe ser reprimido por la autoridad, conforme lo establece el Código Penal.

Resulta indispensable, en la coyuntura, aportar conceptos cívicos que ayuden a entender. Y es indudable que, para gobernar, no solo se necesitan buenas ideas, sino también la capacidad, tenacidad, templanza y prudencia necesarias para ponerlas en práctica. Aristóteles identificaba a la prudencia del gobernante con la moderación. Pues lo que genera inestabilidad institucional (y por ende inseguridad jurídica) es actuar de modo contrario, pretendiendo imponer las ideas a los gritos, agraviando, insultando, agrietando a la sociedad, denostando al Congreso y victimizándose. Este modo de conducción debe cesar porque, como decía Charles de Gaulle, para un gobernante, “la genialidad consiste en saber cuándo detenerse”.