El empresario argentino acusado de venderle armas a Comando Vermelho y el Primer Comando Capital (PCC), Diego Hernán Dirisio, negó cualquier vinculación con las megaorganizaciones criminales y con el operativo de las fuerzas de seguridad cariocas en las favelas Alemão y Penha, en Río de Janeiro. Durante las escenas de extrema violencia, que dejaron un saldo de al menos 119 muertos, encontraron un fusil FAL de las Fuerzas Armadas argentinas en el arsenal del Comando Vermelho.

Dirisio vinculó el hecho de que se encuentra preso hace dos años por protagonizar operaciones de tráfico de armas a gran escala con “la venganza de un general paraguayo y un negociado que denunció en Brasil”.

“No conozco a nadie del Comando Vermelho o del PCC. Mis únicas ventas han sido absolutamente legales a través de cooperativas policiales y militares”, señaló en un diálogo exclusivo con LN+, y agregó: “No me arrepiento de nada porque no hice nada malo”.

Las acusaciones sobre Dirisio surgieron tras la Operación Dakovo en Paraguay en 2023, que buscaba desmantelar una red internacional de tráfico de armas. Quedó al descubierto que en Ciudad del Este se les alteraban los números de serie a las pistolas y fusiles que el empresario argentino importaba desde Turquía, Serbia, República Checa y Eslovenia.

Lo hacía a través de su empresa International Auto Supply SA, basada en Asunción, con la que llegó a importar 43.000 armas que, en su mayoría, terminaron en las megaorganizaciones criminales brasileñas. Lo hizo a través de contactos en la Dirección de Material Bélico (Dimabel) de Paraguay. Justo antes de los operativos de Operación Dakovo, Dirisio desapareció de Asunción junto a su esposa, la exmodela Julieta Nardi.

Dirisio fue detenido junto a Nardi en febrero de 2024 en Córdoba tras ser acusado de protagonizar operaciones de tráfico de armas a gran escala por un valor de 230 millones de dólares. El empresario tenía pedido de captura de Interpol y, ahora, está a la espera de saber si la Justicia Federal argentina lo someterá a un juicio de extradición a Brasil, lo que puede demorar mucho tiempo.

Tal como publicó LA NACION, se sospecha que Dirisio pagaba coimas millonarias a los funcionarios y militares de Dimabel para que habilitaran la importación de pistolas y fusiles de Croacia, Turquía y República Checa. Poco tiempo antes de su detención y en simultáneo con los allanamientos, el abogado de Dirisio presentó un habeas corpus donde planteó que la importación de armas se hizo de manera legal. La jueza civil y comercial Vivian López rechazó el planteo y la fiscal advirtió que Dirisio “tenía información de que lo iba a detener por pedido de la justicia brasileña”.

Sin embargo, Dirisio sostuvo este jueves su inocencia y dijo que presentará “demandas judiciales contra todos los que lo involucraron” con Comando Vermelho tras el operativo de las fuerzas de seguridad de Brasil.

Respecto a su tiempo en la Argentina, antes de ser detenido, señaló que “buscó refugio” en su país para “buscar justicia”. “No hay seguridad jurídica en Brasil ni en Paraguay. Hoy mi familia y mi vida están en peligro ante la cantidad de mentiras que se publicaron en la Argentina”, reclamó.

Volvió a negar su vínculo con las facciones criminales. “Mi causa es por 92 pistolas. En Brasil se incautan anualmente 100.000 armas. Yo no podría tener nada que ver con esto”, sostuvo.

Dirisio expresó que sus ventas fueron legales y dirigidas a cooperativas policiales y militares de Paraguay, en particular, a los egresados que luego ejercerán como oficiales.

“De hecho, de las 92 armas que se encontraron en Brasil, nadie duda de cómo se importaron. Lo que dicen en el pedido de extradición es que yo debería haber sabido que se iban a extraviar”, afirmó, y añadió: “Yo importé las armas y las vendí en forma legal a quien el Gobierno me autorizaba a venderle”. Sin embargo, más tarde en la entrevista sostuvo que las ventas no eran al Estado sino a los “recién egresados” que deben comprarse su propio uniforme, espadín, arma y botas.

Ante la consulta de por qué se encuentra preso, sostuvo que se trata de una venganza. “De un general paraguayo y de un negociado que se estaba haciendo con Brasil con una compañía que se llama CDC que yo denuncié”, dijo.

Su abogada Ángela Burgos lo defendió en diálogo con LN+ y argumentó que la única causa abierta es la investigación de Brasil, ya que fue “desvinculado de cualquier investigación” en Estados Unidos y “sobreseído” en Paraguay por “falta de mérito”. “La investigación en Brasil es en Salvador de Bahía, a kilómetros de Río de Janeiro”, explicó.

“Es una cooperativa sumamente seria, que tiene más de 70.000 empleados. Si alguien se robó un arma o desapareció, a lo largo de 11 años, han sido 17.000 armas. Y hablamos de que supuestamente aparecieron 92 en Brasil. No he visto la pericia, no sé si es cierto, no tuve acceso a ese expediente“, sumó Dirisio.