Después de que el Gobierno designara a Together Business Consulting como agente de monitoreo para supervisar el proceso de desinversión de Telecom tras la compra de Telefónica, el grupo presentó a Metrotel como posible adquirente de los clientes de telefonía móvil y de banda ancha fija de los que deberá desprenderse como condición para concretar la operación.

Según informaron a LA NACION fuentes al tanto de las tratativas, ahora la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) deberá realizar una audiencia para analizar al posible comprador.

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Metrotel es una compañía que provee servicios de telecomunicaciones y tecnología para empresas, pymes y operadores en la Argentina. Su oferta incluye conectividad de alta velocidad por fibra óptica, telefonía IP, infraestructura en la nube, centros de datos y herramientas de ciberseguridad.

Sus actuales propietarios son los fondos internacionales de inversión Riverwood Capital Partners y Blackstone Tactical Opportunities Advisors, que en diciembre de 2017 compraron el 100% de la compañía a Sociedad Comercial del Plata (SCP) por US$190 millones.

Cabe recordar que la ANC condicionó la aprobación de la compra de Telefónica por parte de Telecom a que el grupo ceda seis millones de clientes de telefonía móvil y transfiera usuarios de banda ancha fija en aquellas localidades donde la participación minorista de la empresa resultante de la operación supere el 50%.

En el caso de los clientes móviles, la autoridad estableció expresamente que no podrán ser adquiridos por Claro, el otro gran operador del mercado móvil argentino. Del total, cuatro millones corresponderán al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los dos millones restantes al resto del país, sin una distribución geográfica predeterminada.

En cambio, respecto de los clientes de banda ancha fija que deberán transferirse en aquellas localidades donde la participación minorista de la empresa fusionada supere el 50%, la resolución es menos restrictiva y habilita la venta a distintos operadores.

De acuerdo con los plazos previstos, el proceso de desinversión podría extenderse hasta dos años.

En un comunicado publicado en LinkedIn, la ANC había señalado que los condicionamientos impuestos “permitirán que una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico represente finalmente cerca del 50% del mercado”.

“La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”, agregó entonces el organismo.

En junio del año pasado, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), antecesora de la ANC, había objetado la operación al advertir “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia”. En particular, señaló que el segmento de telefonía móvil quedaría “altamente concentrado”, con una participación estimada del 58% para Telecom y del 42% para AMX, la controlante de Claro.

Desde Telecom sostuvieron que la decisión del Gobierno constituía una aprobación en los términos del artículo 14 de la Ley de Defensa de la Competencia, aunque calificaron de “excesivas” las medidas de remediación impuestas. Sin embargo, la empresa no recurrió a la Justicia y está siguiendo los pasos previstos por la ANC. En ese camino, postuló, entre otros, a Together Business Consulting como agente de monitoreo y ahora propuso a Metrotel.