Beneficiarios salvadoreños del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) indicaron que recibieron cartas de la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) que notifican la interrupción de sus jubilaciones. La medida se vincula con requisitos de presencia legal, mientras las disposiciones migratorias mantienen la protección y la autorización laboral hasta nuevo aviso.

Qué pasa con la jubilación de los salvadoreños bajo el TPS

La suspensión de pagos de jubilación a inmigrantes salvadoreños amparados por el TPS generó dudas sobre la relación entre la situación migratoria y el acceso a las prestaciones federales en Estados Unidos.

Algunas personas que trabajaron durante décadas y realizaron aportes al sistema señalaron que la SSA les comunicó que dejarían de recibir sus ingresos por no cumplir con los criterios de presencia legal, según consignó Univision.

La sección 202(y) de la Ley del Seguro Social impide el pago de prestaciones mensuales a extranjeros durante los períodos en que no se encuentran legalmente presentes en Estados Unidos. La controversia radica en la aplicación de esa restricción a salvadoreños cuyo TPS permanece protegido por disposición del DHS.

Representantes comunitarios y especialistas sostuvieron que existe una diferencia entre el criterio utilizado para interrumpir los pagos y la información migratoria publicada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Por ese motivo, reclaman aclaraciones sobre cómo se determina la elegibilidad de quienes cuentan con TPS y reciben beneficios jubilatorios.

“Como las agencias de inmigración no pusieron nada en el registro federal, diferentes edificios como el Seguro Social ya mandan cartas pensando que el 9 de septiembre todo se ha vencido”, indicó una abogada de inmigración a Univision. “Debido a que esos beneficios se pueden ofrecer a la gente que tiene el estatus legal, una vez que se lo quitan (al TPS) ya no son elegibles”, explicó.

TPS para El Salvador: qué ocurre con la protección migratoria

El TPS es un programa que permite a ciudadanos de determinados países permanecer legalmente en EE.UU. bajo las condiciones establecidas para cada designación. En el caso de El Salvador, la protección se remonta a 2001 y comprende a personas que deben cumplir los requisitos de residencia y elegibilidad correspondientes.

Según la información oficial, la última extensión formalmente anunciada del TPS para El Salvador tenía como fecha de vencimiento el 9 de septiembre de 2026. Sin embargo, el DHS confirmó que los beneficiarios conservarían su protección mientras se esperaba una nueva determinación.

Contar con el estatus temporal no significa que todos los trámites ante organismos federales se resuelvan de manera automática. Las prestaciones del Seguro Social tienen requisitos propios, por lo que la controversia se centra en cómo se evalúa la presencia legal de estas personas.

“Prescindir de cualquier beneficio es un ataque cruel a esta comunidad, porque esto no solo afecta a los beneficiarios del TPS, sino también a sus familiares, a sus seres queridos que sí son ciudadanos americanos”, dijo Francisco Semiao, presidente de la Asociación Nacional Salvadoreña Americana.

La extensión automática y las demoras administrativas sobre el TPS de El Salvador

La Sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en inglés) contempla un mecanismo relacionado con la continuidad del TPS cuando no se comunica una decisión dentro del plazo establecido.

Según la información oficial, si no se publica una determinación con al menos 60 días de anticipación al vencimiento, puede activarse una extensión automática de seis meses.

La legislación federal contempla una extensión automática de seis meses cuando no se determina la finalización de una designación de TPS. En el caso de El Salvador, este mecanismo apunta al 9 de marzo de 2027, aunque persiste la incertidumbre sobre la documentación administrativa y su reconocimiento por otros organismos federales.

La fecha proyectada no debe considerarse una confirmación definitiva sin la documentación que establezca su alcance. Esta falta de actualizaciones administrativas deja a los salvadoreños en un limbo a la espera de los pasos a seguir para mantener su estatus regular.