SAN CARLOS DE BARILOCHE.– A poco de haber culminado una de las temporadas de incendios forestales más devastadoras en la Patagonia —con más de 70.000 hectáreas arrasadas en el noroeste de Chubut—, comenzaron a surgir propuestas legislativas.

Hace unos días se presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que propone la creación de un régimen penal destinado a castigar la tala ilegal, el desmonte y la degradación de los bosques nativos en la Argentina. La iniciativa busca endurecer las consecuencias jurídicas mediante penas de prisión —de entre uno y 10 años—, multas económicas y sanciones específicas para funcionarios públicos que faciliten este tipo de delitos ambientales.

Los senadores patagónicos Martín Soria y Ana Marks (Río Negro); Carlos Linares (Chubut); Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Cándida López (Tierra del Fuego) advirtieron sobre la ineficacia de las multas administrativas actuales y el alarmante incremento de los incendios forestales, particularmente en esta región. La propuesta apunta a complementar la ley N° 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

Además, la normativa extiende la responsabilidad penal a las personas jurídicas y permite que las organizaciones ambientales actúen como querellantes. Según explicaron sus autores a LA NACION, el proyecto busca instrumentar la protección de los bosques nativos desde el derecho penal “para llenar el vacío legal existente que nos diferencia de otros países de la región que cuentan con legislación en la materia, como Colombia, Brasil o Venezuela, que han servido de fuente legal de este proyecto”.

De hecho, el capítulo II, titulado “De los delitos”, toma como referencia las leyes venezolana y brasileña. Allí se establece una pena de entre 3 y 10 años de prisión para quien, sin autorización e intencionalmente, tale, desmonte, destruya o degrade —por cualquier medio, en forma total o parcial— un bosque nativo. En tanto, se prevé una reclusión de entre 1 y 3 años para quien queme a cielo abierto productos o subproductos derivados de desmontes o de aprovechamientos sostenibles de bosques nativos.

En relación con los funcionarios públicos que participen de los delitos previstos, se propone que las escalas penales se incrementen en un tercio del mínimo y del máximo y que las multas se dupliquen respecto de su máximo.

Los senadores señalaron además que, en los últimos 10 años, la Argentina perdió cerca de 2.100.000 hectáreas de bosques nativos, según datos de la Dirección Nacional de Bosques —dependencia reestructurada por el actual gobierno de Javier Milei—, y consideraron “urgente la sanción de un Régimen Penal del Bosque Nativo que permita penar a los responsables de la pérdida de recursos naturales irrecuperables”.

Si bien los incendios forestales ya están penados por el artículo 186, inciso 2°, apartado b) del Código Penal, subrayaron que existen otros mecanismos de afectación a los bosques nativos que deben ser tipificados para fortalecer su protección y evitar que el fuego pueda propagarse con mayor facilidad.

“La ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que establece la conservación, el aprovechamiento y el manejo sostenible de estos ecosistemas, se está quedando a mitad de camino. A diario se advierten situaciones como desmontes sin autorización sobre hectáreas de bosques nativos en propiedades privadas, o la quema de árboles cortados ante la imposibilidad de transportar o vender la madera por no contar con los permisos y guías correspondientes. Esta situación incrementa la posibilidad de incendios forestales, sobre todo en épocas de sequía”, afirmaron.

Tras señalar que “la sanción administrativa no alcanza”, los legisladores propusieron “contar con un sistema instrumental inhibitorio idóneo que impida que el daño suceda, bloqueando la acción ilícita y su dinamismo destructivo”.

Tal como adelantó a LA NACION el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, Carlos Banacloy, también se analiza un cambio en la ley de Bosques provincial. “Lo más importante para nosotros es el manejo de las forestaciones y del bosque nativo. En primer lugar, es clave definir cómo vamos a manejar las plantaciones de pino abandonadas. Hay que ser más estrictos en ese sentido”, afirmó.

Las modificaciones apuntan a una demanda planteada desde hace años por diversos científicos: priorizar la prevención por sobre el combate de los incendios. “Si no logramos mitigar la carga de combustible y los residuos forestales, nunca va a alcanzar nada de lo que destinemos al combate”, subrayó el ministro.

Según los investigadores, el manejo de la vegetación permite incidir en el comportamiento del fuego. En las plantaciones abandonadas de pino, las ramas llegan hasta el suelo y se acumula una gran cantidad de hojarasca y material seco, lo que puede agravar los incendios.

“En un contexto de sequías prolongadas y temperaturas extremas, el factor que define la magnitud de los incendios no es solo cómo empiezan, sino cómo encuentra el fuego al territorio. Paisajes continuos, con alta carga de combustible y escaso manejo se convierten en escenarios propicios para incendios de gran escala. Esto implica que la prevención ya no puede limitarse a campañas de concientización: requiere intervenciones concretas sobre el territorio, desde la reducción de combustibles hasta la planificación de la interfaz urbano-forestal”, explicó el doctor en Ciencias Biológicas Javier Grosfeld.