QUITO.- El domingo, en la provincia andina de Imbabura, un cuerpo quedó tendido en la carretera E35 mientras otros corrían buscando refugio. Era Efraín Fueres, artesano kichwa de 46 años, alcanzado por balas en medio de un choque entre manifestantes y militares.

Horas después murió en el hospital de Cotacachi, y su caso se convirtió en símbolo de la protesta indígena que desde hace más de una semana mantiene en vilo a Ecuador.

La chispa fue un decreto presidencial: Daniel Noboa, en el poder desde noviembre de 2023, dispuso la eliminación del subsidio al diésel. El aumento del 56% en su precio encareció de golpe la vida en zonas agrícolas y desató el malestar.

Desde el 22 de septiembre, comunidades indígenas bloquearon carreteras y levantaron un paro nacional indefinido, encabezado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En Cotacachi, epicentro de la movilización, la tensión escaló con la retención de 17 militares. El gobierno habla de “secuestro”, los dirigentes lo niegan y aseguran que no son “extorsionadores”.

“Nosotros no somos pueblos que secuestramos. No somos extorsionadores”, expresó Marlon Vargas, el titular de la mayor organización indígena de Ecuador (Conaie).

Cuatro soldados fueron liberados, mientras el paradero de los demás sigue sin aclararse.

El Ejecutivo reaccionó con dureza. Noboa calificó los hechos de “actos terroristas” y advirtió que los responsables enfrentan penas de hasta 30 años de cárcel.

Su ministra de Gobierno, Zaida Rovira, aseguró que los soldados atacados en Cotacachi escoltaban un convoy con ayuda humanitaria y que fueron emboscados “por estructuras criminales”.

Según la versión oficial, lo ocurrido no fue una protesta sino “una emboscada cobarde”.

La narrativa oficial incluye la denuncia de infiltrados de bandas transnacionales como el Tren de Aragua, aunque sin detallar la denuncia.

Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior informó de unos 90 detenidos en distintas provincias, de los cuales al menos 12 enfrentan procesos judiciales.

La organización Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador, en cambio, registra 63 manifestantes arrestados, 48 heridos y seis desaparecidos.

La violencia del domingo dejó también a doce soldados heridos, y las imágenes de Fueres cayendo bajo las balas recorrieron las redes sociales y los medios.

La Fiscalía abrió una investigación por “uso ilegítimo de la fuerza”, mientras la Conaie denunció un “crimen de Estado” cometido bajo las órdenes de Noboa.

“Militares y policías disparan balas reales, dinamita y armamento letal contra comunidades indígenas”, acusó en un comunicado.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador no solo exige la derogatoria del decreto que encareció el diésel.

En medio del paro, sus reclamos se ampliaron a un pliego de nueve puntos: retorno del IVA al 12% (subido al 15% hace un año para financiar el combate al crimen), freno a la expansión minera y extractiva, atención urgente al colapso del sistema de salud y respeto al derecho a la protesta, entre otros. También piden la liberación de los detenidos en las marchas, trasladados a cárceles alejadas de sus comunidades.

En el plano político, Marlon Vargas pidió a la Asamblea Nacional un juicio político contra los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, Jhon Reimberg, por la violencia registrada. También apeló a la comunidad internacional: “Nuestros jóvenes no son terroristas, no son vandálicos, especialmente hay compañeros que sufren de epilepsia y si algo les pasa será de total responsabilidad del gobierno nacional”, advirtió.

La presión traspasó fronteras. El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su “profunda preocupación” por la violencia y exhortó a “resolver las disputas mediante un diálogo inclusivo”.

Jan Jarab, representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para América del Sur, señaló que el despliegue militar en protestas sociales “representa un riesgo real de violaciones de derechos humanos”.

Y la relatora especial de la ONU sobre Libertad de Asociación y Asamblea, Gina Romero, advirtió que se están utilizando disposiciones legales “no alineadas a los estándares internacionales” y que “la sociedad civil está siendo perseguida”.

En su séptimo día, el paro indígena mantiene bloqueadas al menos seis provincias, con Imbabura como epicentro de la resistencia. Quito y Pichincha también registran cortes intermitentes. El gobierno, sin embargo, insiste en que no dará marcha atrás con el decreto que eliminó el subsidio al diésel.

La confrontación revive escenas conocidas en la historia reciente de Ecuador. En 2019 y 2022, medidas similares de Lenín Moreno y Guillermo Lasso desataron movilizaciones masivas encabezadas por la Conaie.

Entre 1997 y 2005, las protestas indígenas contribuyeron a la caída de tres presidentes. Ese peso histórico explica la tensión de hoy: lo que comenzó como rechazo al encarecimiento del combustible se convirtió en un pulso de poder entre el movimiento indígena y el Ejecutivo.

El presidente Daniel Noboa enfrenta otro gran desafío en su gobierno. Las organizaciones indígenas, con Marlon Vargas a la cabeza, advierten que no cesarán hasta que se derogue el decreto 126 y se atiendan las demás demandas.

“Vamos a seguir luchando. No solamente por ese decreto, sino en contra del catastro minero, en contra de la ampliación de la frontera petrolera en la Amazonía”, dijo Vargas en su intervención ante la Asamblea Nacional.

La posibilidad de un diálogo parece lejana, aunque la ONU y organismos internacionales lo piden con urgencia.

Agencias AFP y AP