Después de mucho tiempo, el Gobierno tendrá una semana de alivio, al menos en el Senado. Tras comprobar que no le darán los tiempos ni los números para poder insistir con el proyecto de reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), la oposición, con el kirchnerismo a la cabeza, decidió postergar la sesión que iba a celebrarse esta semana en la Cámara alta.

La decisión se tradujo en la suspensión de la reunión de Labor Parlamentaria que se había convocado para este martes a las 18.30 y en la que se iba a definir el temario de una eventual sesión para el próximo jueves. En puerta y a la espera de generarle nuevos dolores de cabeza a la administración de Javier Milei se encontraban dos pedidos de interpelación al ministro de Salud, Mario Lugones, y el proyecto que modifica la reglamentación del trámite legislativo de los DNU.

Si bien la reunión de jefes de bloque se aplazó para el próximo martes, todo indica que la Casa Rosada podrá disfrutar de una tregua hasta la última semana de octubre o la primera de noviembre. Es que la semana que viene es la previa a las elecciones legislativas de medio término del domingo 26, por lo que es casi imposible que los senadores abandonen el tramo final de las campañas en sus provincias para asistir a la Cámara alta.

De hecho, el compromiso de muchos legisladores en actividades proselitistas fue una de las causas que llevó a la oposición a desestimar la posibilidad de sesionar este jueves. A esto se suman algunos problemas de salud que le impedían al bloque de Unión por la Patria tener a su dotación completa para colaborar a conseguir el quorum y a aprobar las iniciativas rechazadas por la Casa Rosada.

En este escenario, la oposición no se encontraba en condiciones de reunir el apoyo de los dos tercios de los presentes que se requerían para habilitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos de regulación de los DNU, que vuelve a la Cámara alta modificado por Diputados, y de blindaje de la empresa Nucleoeléctrica Argentina contra la privatización que impulsa el Gobierno. Es que ninguna de las dos iniciativas tiene dictamen de comisión.

Para subsanar ese problema, el kirchnerismo aceleró la convocatoria a un plenario de comisiones para darle dictamen este miércoles, a las 17, a un proyecto del jefe de la bancada, José Mayans (Formosa), que impide el traspaso a manos privadas de la participación accionaria del Estado argentino en Nucleoeléctrica.

Por otro lado, también se buscaba reunir a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la schiarettista Alejandra Vigo (Provincias Unidas-Córdoba), para darle dictamen al proyecto sobre los DNU y, así, dejarlo también en condiciones de ser discutido en la próxima sesión.

En este caso, la disyuntiva es si el Senado acepta el cambio que le introdujo Diputados al proyecto o si insiste en la versión que aprobó en primera instancia. La diferencia no es menor: la Cámara baja fracasó en aprobar el artículo 3 −faltaron dos votos para alcanzar la mayoría absoluta que exige la Constitución−, que elimina la sanción ficta de los DNU al establecer un plazo de 90 días para que el Congreso lo apruebe o, en su defecto, el decreto pierde su vigencia.

Cuando se trató en el Senado, a mediados de septiembre, la cláusula consiguió una mayoría abrumadora de 56 votos a favor y tan sólo 8 votos en contra, superior a los dos tercios.

Pero el panorama parece haber cambiado tras el acercamiento que la Casa Rosada viene protagonizando con gobernadores que supieron ser aliados y a los que había repelido por su política fiscal, el incumplimiento de promesas y su estrategia electoral para los comicios del 26 de octubre.

Tras la exigencia de la administración de Donald Trump de asegurarse gobernabilidad, la Casa Rosada decidió virar su discurso y se mostró abierta a recomponer alianzas en el Congreso.

En este escenario, ya no estaría el mismo número de senadores dispuestos a sumarse a una regulación tan drástica de los DNU contra la administración Milei.

Sin embargo, para insistir en su versión original, sólo se necesitan 37 votos afirmativos en el Senado, una cifra accesible si se toma en cuenta que sólo el kirchnerismo, si está con su dotación completa, aporta 34 voluntades.