Rob Bonta, fiscal general de California, presentó una demanda contra la ciudad de El Cajón por incumplir con la ley estatal que prohíbe compartir datos de matrículas vehiculares con agentes oficiales federales y de otros estados.

Los puntos clave de la denuncia presentada en California

El fiscal general presentó la denuncia en el Tribunal Superior del Condado de San Diego. Allí, sostuvo que la localidad puso en peligro “la privacidad y la seguridad de las personas en su comunidad”.

“Cuando la información sobre los californianos sale del estado, ya no tenemos voz ni voto sobre cómo se usa o comparte. En el caso de El Cajón, puso en peligro la privacidad y la seguridad de las personas en su comunidad", sostuvo Bonta. “Hoy estamos pidiendo a un tribunal que resuelva este asunto”.

El fiscal general detalló que el Departamento de Policía de El Cajón y la Ciudad de El Cajón se han negado a cesar la práctica de compartir datos de los lectores Automatizados de Matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) con agencias de otros estados como Alabama, Arizona, Arkansas y Florida. Por tanto, solicitó una orden judicial para detener inmediatamente estas acciones.

“Solicitamos una orden judicial que ordene a los Demandados dejar de compartir datos ALPR con agencias de otros estados, en violación de la ley estatal”, sostiene el documento oficial.

La postura de El Cajón a la denuncia del fiscal general

Bill Wells, alcalde de El Cajón, consideró la demanda estatal como una “extralimitación de poder” y que el condado comparte datos recopilados por los ALPR con otros estados para dar “información sobre posibles delincuencias”.

La demanda que prospera en California tras rompimiento de una ley que protege a conductores y sus matrículas

“La demanda contra El Cajón no se trata de seguridad ni privacidad, sino de control. Los líderes de California, una vez más, priorizan a los criminales sobre los ciudadanos respetuosos de la ley y castigan a las ciudades que se atreven a pensar diferente. Somos una de las pocas ciudades conservadoras que quedan en el estado, y no nos dejaremos intimidar para que abandonemos lo que es correcto”, sostuvo el alcalde en un fragmento compartido en su cuenta de X.

En qué consisten los sistemas de Lectores Automatizados de Matrículas (ALPR)

Los ALPR son sistemas de cámaras controlados por computadora que capturan imágenes de matrículas y registran la hora, la fecha y el lugar en que se detecta un vehículo en particular. Se utilizan para vigilancia y recopilación de información confidencial de las personas sobre dónde trabajan, viven, se relacionan o viajan.

En los últimos años, hubo preocupación de que las fuerzas del orden federales o de otros estados puedan utilizar de manera indebida los sistemas ALPR para controlar la inmigración y vigilar a manifestantes que ejercen su derecho a la libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda. Debido a esto, Bonta emitió un boletín sobre el uso de datos recopilados o accedidos a través de un sistema ALPR.