WASHINGTON.- El presidente norteamericano, Donald Trump, afirmó que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado no internacional” con los cárteles de droga latinoamericanos que su administración ya había calificado como terroristas y definió a los narcotraficantes como “combatientes ilegales” en un memorando confidencial que el presidente hizo circular por el Congreso el miércoles, según informó el jueves The New York Times, que tuvo acceso al documento.

La medida pretende dar un marco legal a la lucha de la administración norteamericana contra el narcotráfico y una justificación para considerar como lícita la matanza de 17 personas que viajaban a bordo de tres presuntas embarcaciones de tráfico de drogas que el Ejército estadounidense hundió el mes pasado en el Caribe. Al menos dos de esas operaciones se realizaron contra embarcaciones que salieron desde Venezuela.

En simultáneo, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció el jueves que cinco cazas estadounidenses “se han atrevido a acercarse” a las costas del país, lo que tensó aún más la relación con el gobierno de Trump, que desde hace semanas mantiene desplegados ocho buques de guerra y un submarino nuclear en aguas cercanas al régimen venezolano.

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🇻🇪✈️ Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunció que cinco aviones de combate de EEUU sobrevolaron el espacio aéreo venezolano.

🗣️”Hemos detectado 5 aviónes con características de vuelo de 400 nudos y volando a una altura de 35 mil pies” pic.twitter.com/qvk3PNlbKp

“El imperialismo norteamericano se ha atrevido a acercarse a las costas venezolanas”, afirmó Padrino el jueves. “Los estamos viendo. No nos intimida la presencia de estos vectores”, agregó el funcionario.

El movimiento de Trump de declarar formalmente que su campaña contra los cárteles de droga constituye un conflicto armado activo es parte de su búsqueda por consolidar poderes extraordinarios en tiempos de guerra, lo que le daría otro tipo de facultades legales. En un conflicto armado, según lo definido por el derecho internacional, un país puede matar legalmente a combatientes enemigos incluso cuando no representan una amenaza, detenerlos indefinidamente sin juicio y procesarlos en tribunales militares.

Los demócratas han estado presionando al presidente norteamericano para que acuda al Congreso y solicite formalmente la facultad de poderes de guerra para sus operaciones en el Caribe. Ahora, el gobierno republicano se enfrenta a críticas por librar una guerra contra enemigos no especificados sin el consentimiento del Congreso, según afirmó un funcionario norteamericano que habló con la agencia Associated Press bajo condición de anonimato.

Lo que el gobierno federal expuso en la sesión informativa clasificada a puerta cerrada fue percibido por varios senadores como la búsqueda de un nuevo marco legal que generó más preguntas que respuestas, particularmente en torno a qué papel cumpliría el Congreso en autorizar cualquier medida de este tipo.

La administración Trump había calificado previamente los ataques contra presuntas embarcaciones de narcotráfico como actos de defensa propia, al sostener que sus tripulantes pertenecían a cárteles designados como organizaciones terroristas e invocar así las leyes de la guerra para justificar los abatimientos en lugar de realizar arrestos. La Casa Blanca también subrayó en varias ocasiones que unas 100.000 personas mueren cada año en Estados Unidos por sobredosis.

Sin embargo, los blancos del Ejército estadounidense han sido principalmente embarcaciones procedentes de Venezuela, mientras que el aumento de muertes por sobredosis en los últimos años se debe al fentanilo, una droga que, según los expertos, proviene de México y no de América del Sur. Más allá de las inconsistencias fácticas, el argumento ha sido duramente cuestionado desde el punto de vista legal por especialistas en derecho internacional de los conflictos armados.

El aviso enviado al Congreso, considerado información controlada pero no clasificada, retoma los argumentos previos de la administración, pero introduce nuevas afirmaciones: presenta las operaciones militares estadounidenses no como acciones aisladas de supuesta defensa propia, sino como parte de un conflicto activo y sostenido.

En concreto, el documento señala que Trump ha “determinado” que los cárteles involucrados en el tráfico de drogas son “grupos armados no estatales” cuyas acciones “constituyen un ataque armado contra Estados Unidos”. Además, invoca un concepto del derecho internacional —el de “conflicto armado no internacional”—, que describe enfrentamientos prolongados entre fuerzas estatales y actores armados no estatales.

“Basándose en los efectos acumulativos de estos actos hostiles contra los ciudadanos e intereses de Estados Unidos y de naciones extranjeras amigas, el presidente determinó que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas”, afirma el aviso.

El término “conflicto armado no internacional”, desarrollado por el derecho internacional humanitario en el siglo XX, se aplicaba originalmente a guerras civiles dentro de un mismo país, a diferencia de los conflictos armados internacionales entre dos o más Estados.

Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos entró en guerra contra Al Qaeda —un actor no estatal que operaba en varios países— la Corte Suprema determinó que el conflicto se trataba de una guerra real, validando el uso por parte de la administración Bush del poder en tiempos de guerra para mantener a los miembros capturados de Al Qaeda en detención indefinida sin juicio.

Sin embargo, la argumentación de la corte se basó en el hecho de que Al Qaeda había atacado a Estados Unidos utilizando aviones secuestrados como armas para matar intencionalmente, y que el Congreso había autorizado el uso de la fuerza armada en su contra.

En este caso, la administración Trump intenta asimilar el tráfico de un producto ilícito y peligroso para el consumidor con el uso de la fuerza directa y ataques armados. Por otra parte, el Congreso no ha autorizado por el momento el uso de ningún tipo de fuerza militar contra los cárteles.

El aviso al Congreso también justificó el ataque más reciente públicamente divulgado contra una embarcación —en el que las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos mataron a las tres personas a bordo el 15 de septiembre— al calificar a la tripulación como “combatientes ilegales”, es decir, como si fueran soldados en un campo de batalla.

“La embarcación fue evaluada por la comunidad de inteligencia de Estados Unidos como afiliada a una organización terrorista designada y, en ese momento, participaba en el tráfico de drogas ilícitas, que podrían ser utilizadas para matar estadounidenses”, decía el aviso. “Este ataque resultó en la destrucción de la embarcación, de las drogas ilícitas y en la muerte de aproximadamente tres combatientes ilegales”.

El aviso al Congreso no mencionó específicamente a ninguno de los cárteles de droga con los que Trump afirma que Estados Unidos está involucrado en un conflicto armado. Tampoco especificó ningún criterio que la administración esté utilizando para determinar si ciertos sospechosos tienen vínculos suficientes con esos grupos como para que el ejército pueda matarlos.

Agencias AP y AFP y diario The New York Times